Los resultados de 2025 en materia fiscal no dejan lugar a dudas: México enfrenta un creciente desafío en materia de finanzas públicas que las autoridades no quieren reconocer. Las cifras que se dieron a conocer el viernes respecto al cierre fiscal de 2025 confirman dos realidades aparentemente contradictorias, la de una supuesta calma si se miran los resultados únicamente bajo el lente cortoplacista de la actual administración -reducción del déficit fiscal en 2025 vs. 2024-, a la par de crecientes grietas si uno mira más allá del inmediatismo.
Puntualmente, lo que se observa es un desequilibrio estructural de los ingresos y los gastos de la administración pública federal. El país tiene, por un lado, ingresos totales que crecen, desde 2018, a una modesta tasa anual de 1.8%, mientras que el gasto lo hace al doble, por mera inercia demográfica y estructural. Si nos situamos al cierre de 2018, la brecha entre ingresos y gastos era de 650 mil millones de pesos; siete años después, la brecha fue de 1 billón 365 mil millones.
Este desequilibrio se acentuó por la combinación de cuatro factores: a) el fuerte aumento del presupuesto de la pensión de adultos mayores, luego de que el monto de apoyo se quintuplicó entre 2018 y 2025; b) el crecimiento inercial de las pensiones “contributivas” de la denominada “generación de transición”, dadas las tendencias demográficas del país; c) un aumento significativo del pago del servicio de la deuda (+450 mil millones de pesos respecto del pago de 2018), y, finalmente, un creciente apoyo a Petróleos Mexicanos, tanto por el efecto de inyecciones sin precedentes de capital por parte del gobierno federal, como por una reducción inédita en su pago de impuestos.
En una mirada de largo alcance, el problema que tienen las finanzas públicas es multidimensional. Por un lado, las tendencias demográficas del país apuntan a que las pensiones -contributivas y no contributivas- crecerán aceleradamente los próximos 20 años. Dos, en el momento actual de su proceso de desarrollo y de su transición demográfica, el país requiere recursos adicionales para invertir en su ya de por sí bajo nivel de gasto en capital humano -salud y educación-. Tres, el nivel de inversión pública se encuentra en sus niveles mínimos de los últimos 15 años (cayó 28% en 2025), en un momento en el que el país requiere actualizar y crecer su infraestructura para poder elevar su potencial productivo y detonar las ventajas del Plan México y el nearshoring. Cuatro, Petróleos Mexicanos apunta a seguir siendo un grave desafío de las finanzas públicas del país en los años por venir -a pesar de la retórica oficialista que asume que lo peor ya pasó-.
Estas tendencias permiten anticipar que los niveles de endeudamiento crecerán al ritmo de entre 1 y 1.5% del PIB cada año (en un escenario de crecimiento económico de entre 1.5 y 2% por año), lo que apunta a que el sexenio terminará con niveles de deuda cercanos a 60% (en 2018 se situó en 44%).
No, no es una crisis fiscal y/o financiera inminente la que se avizora. Tampoco se vislumbra una degradación inminente de la calificación crediticia del país. Más bien, el riesgo radica en seguir ignorando las señales de alarma por consideraciones políticas, en buscar trasladar a futuros gobiernos el costo político de decisiones impostergables, y en seguir bajo la lógica de preferir sacrificar el futuro, por el beneficio político de corto plazo.
