Según el informe de Human Rights Watch (HRW) de febrero de 2026, 72% de la población mundial vive bajo regímenes autoritarios, reflejando una tendencia sostenida: la recesión democrática, en la que más países pierden derechos y libertades de los que los ganan.
El informe describe un mismo patrón: gobiernos que, tras llegar al poder por la vía electoral, debilitan tribunales; subordinan órganos electorales; erosionan instituciones autónomas; militarizan funciones civiles; hostigan a la prensa y a la sociedad civil; normalizan la violencia política, la impunidad y condiciones electorales desiguales; restringen libertades básicas bajo argumentos de seguridad o nacionalistas, y concentran el poder en el Ejecutivo. Al mismo tiempo, la competencia entre potencias y el desgaste del orden internacional basado en normas reducen la presión para respetar los valores democráticos.
Este deterioro democrático tiene un costo político y económico. La democracia reduce la incertidumbre y los márgenes de discrecionalidad al ofrecer reglas estables, tribunales confiables, información verificable y límites al poder. Cuando estos pilares se erosionan, se retrae la inversión de largo plazo, aumenta la percepción de riesgo y suben las primas de financiamiento.
El impacto también es geopolítico. En un entorno de polarización y competencia abierta (ver “T-MEC en la era de la competencia abierta”), las inversiones estratégicas ya no se deciden sólo por costos y ubicación, sino por la confianza entre países. Las cadenas de valor empiezan a concentrarse en Estados estables, con reglas previsibles, sistemas jurídicos confiables y afinidad política. Aunque México conserva la ventaja de su cercanía al mercado estadounidense, otros países ofrecen mayor seguridad y certidumbre, y ya están captando proyectos de alto valor agregado, intensivos en tecnología y talento especializado.
El reacomodo de capitales y cadenas productivas coloca a México ante una oportunidad histórica. Hoy el nearshoring y friend-shoring valoran tanto la cercanía como la confiabilidad institucional. Sin embargo, la recesión democrática en México, marcada por los elementos antes señalados, envía una señal negativa a inversionistas y socios comerciales. Su pérdida de atractivo y competitividad es gradual pero clara: cae la confianza, se encarecen los proyectos, se frenan las inversiones, particularmente de largo plazo, y se estanca el crecimiento económico.
Por eso, para México, la defensa de la democracia no debe ser un principio abstracto sino una estrategia de desarrollo y una condición para atraer capital productivo. Sin tribunales independientes y eficaces, reguladores autónomos y reglas estables, los inversionistas privilegiarán otros mercados y el país desperdiciará su posición geográfica.
El informe de HRW es una advertencia. La recesión democrática ya está redefiniendo las condiciones de competencia económica entre países. La calidad de las instituciones definirá qué naciones atraen inversión, crecen y generan bienestar, y cuáles se rezagan y se debilitan.
Para México la disyuntiva es clara: fortalecer el Estado de derecho como base de su estrategia económica o normalizar la concentración de poder y resignarse a un menor desarrollo. La centralización sin contrapesos puede ofrecer réditos políticos inmediatos, pero destruye el crecimiento sostenido. La calidad de nuestra democracia definirá la calidad de nuestro crecimiento y bienestar.
