La reunión del fin de semana entre Donald Trump, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y un grupo de gobiernos latinoamericanos marca un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en el hemisferio.
No fue una reunión diplomática convencional. Fue algo mucho más revelador. Se pareció más a una reunión de vecinos para discutir qué hacer con la casa del vecino conflictivo. Y lo más llamativo es que el vecino no fue invitado a la reunión, pero sí fue el tema central de la conversación.
México, Colombia y Brasil no estuvieron en la mesa. Tres países clave en el mapa del narcotráfico regional. Su ausencia no fue un descuido protocolario. Fue un mensaje político que habla de desconfianza y de una estrategia que comienza a tomar forma sin ellos.
La cumbre reunió a una docena de países alineados con la nueva estrategia estadounidense para combatir a los cárteles con una lógica distinta a la de los últimos 30 años. La lógica ya no es policial ni judicial. Es militar. Ese cambio conceptual lo explica todo.
Durante décadas el narcotráfico fue tratado como un problema de seguridad pública. Criminales que debían ser investigados, perseguidos, capturados y procesados. Un modelo imperfecto, pero jurídicamente claro. La nueva narrativa los ubica en otra categoría, organizaciones terroristas.
Cuando un grupo criminal es clasificado como organización terrorista, la ecuación cambia radicalmente. Ya no se trata solamente de detenerlos. Se trata de neutralizarlos, eliminarlos si es necesario. En términos operativos, exterminarlos antes de capturarlos.
Durante los últimos 20 años el narcotráfico mexicano vivió una etapa de expansión inédita. Una mezcla de poder económico, exhibición pública, violencia espectacular y control territorial en regiones completas del país. Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco y un largo etcétera de entidades se convirtieron en escenarios donde la violencia dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una dolorosa socialización cotidiana.
Pero cuando una organización criminal deja de ser tratada como una estructura delictiva y pasa a ser considerada una amenaza terrorista, su margen de operación cambia profundamente. El narco puede corromper policías, infiltrar gobiernos e intimidar comunidades. Lo que no puede negociar es un dron. Si esta estrategia realmente se consolida, muchos de los capos que durante años construyeron poder con exhibicionismo y violencia pública probablemente regresarán a su ratonera. No por convicción moral, sino por simple supervivencia.
Hay además un mensaje que México no debería ignorar. Durante el último año el gobierno mexicano ha cumplido prácticamente todas las peticiones de Washington. Se han realizado expulsiones de criminales solicitados por Estados Unidos, se ha intensificado la colaboración operativa y se ha compartido información estratégica. Incluso el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes representó uno de los golpes más relevantes contra el narcotráfico en décadas y tuvo inevitablemente un componente de coordinación bilateral.
Aun así, lo ocurrido el fin de semana revela algo incómodo. En Washington hay insatisfacción con México y no hay otra forma razonable de interpretarlo. Las expresiones recientes sobre la presidenta mexicana y la insistencia en señalar que México es el epicentro del problema hemisférico de las drogas no dejan demasiado margen para la ambigüedad. Cuando un país no es invitado a la mesa donde se decide la estrategia contra el problema que más lo define, el mensaje diplomático es brutal.
México no estuvo sentado en la mesa, pero fue el platillo principal de la conversación. Y cuando los vecinos se reúnen para discutir qué hacer con tu casa sin invitarte, lo más probable es que las decisiones ya estén tomadas.
