En el régimen se percibe con mayor intensidad una disputa de poder entre un grupo que se adscribe a la continuidad del manto de poder de Andrés Manuel López Obrador y otro que pretende instaurar una suerte de nueva era del claudismo.
El último ejemplo está en el ridículo episodio de la destitución de Marx Arriaga del área que recibió la encomienda de ideologizar la educación pública en México, pero que está precedida por otros forcejeos en la CNDH, la UIF, la FGR o en el liderazgo de la mayoría oficialista en el Senado de la República.
Extrañamente, a la presidenta se le acumulan incidentes en los que, por alguna razón, se espera una llamada, un mensaje o una sugerencia de Palenque para destrabar un relevo o ejecutar una instrucción.
Estos casos no parecen anécdotas de reacomodos naturales en el cambio de administraciones, en los que algún incauto pudiera asumirse con derechos adquiridos o con deudas cobrables para continuar en las posiciones oficiales.
Deja entrever, por el contrario, que el ejercicio de los poderes legales y políticos de la Presidencia de la República está sujeto a la coexistencia simultánea de dos legitimidades para mandar. Por un lado, una legitimidad originaria, causante y de orden moral que se envuelve en la pureza ideológica y en el monopolio de la lealtad al movimiento. Por otro, una legitimidad actual, derivada y de naturaleza esencialmente burocrática que se encuentra acotada en cuanto a la posibilidad efectiva de gobernar con libertad.
En realidad, esta disputa constituye la ruptura del presidencialismo no sólo como un régimen político que articula ciertas competencias, sino también en sus modos formales e informales de ejercicio.
En el proceso de formación del Estado mexicano, la organización del poder en instituciones estables resultó particularmente problemática. La cuestión sobre la necesidad de una presidencia fuerte pero, de alguna manera, acotada para evitar los riesgos de las dictaduras o la tentación de los cuartelazos se zanjó con la invención de una tercera forma de jefatura de naturaleza esencialmente política y, en la célebre fórmula de Carpizo, metaconstitucional. Además de la comandancia del Estado y la dirección unipersonal del gobierno, la creación de un partido dominante o hegemónico dotó al presidente de la capacidad de decidir y controlar la carrera de todos los que compiten y ambicionan el poder. Este modelo, con el tiempo, cobró forma de un pacto implícito sexenal entre el “equipo de rivales”, de modo que las distintas gradas de poder concentrarían su respectiva parcela de forma temporal e improrrogable. La famosa “monarquía sexenal” era un régimen de altísima concentración de poder con fecha de caducidad y heredable mediante rituales que, en un momento específico y cierto para todos —el periodo constitucional—, conducirían a un “muere el rey, viva el rey”. Cuando ese pacto implícito se violentaba, como sucedió con el Maximato o el salinismo, era ejercible el derecho al parricidio en su modalidad de destierro o persecución. Así, la cultura priista hizo de la presidencia un poder indisputable. Hasta ahora.
La supuesta restauración de la presidencia de un partido hegemónico es, en realidad, el complejo acomodo de una presidencia dual en la que se traspasan los poderes presidenciales de forma condicionada y, además, la jefatura del partido se reparte entre distintas facciones agrupadas en torno a dos liderazgos visibles. Y es que todo indica que López Obrador entregó la banda presidencial con un legado acotado a los poderes de administración y se reservó parte de los poderes políticos que moldearon al poderoso leviatán mexicano, específicamente la jefatura del partido.
A diferencia del presidencialismo priista, las facciones en el obradorismo no se pacifican temporal ni pragmáticamente dentro de las estructuras, corporaciones o posiciones de poder en espera de su turno: rivalizan abiertamente, pelean tramos, negocian salidas. Bajo esta lógica, no es extraño que algunos reclamen su derecho a amotinarse en la encomienda otorgada por el fundador. Como Marx y otros.
La presidencia dual implica una doble instancia de decisión y un doble espacio de arbitraje entre legitimidades rivales. Pero la propia inercia de lo que parecen ser manotazos presidenciales sugiere que esta dualidad está en crisis, probablemente porque empieza el ciclo electoral que definirá inevitablemente la siguiente sucesión. O quizá por una razón básica de necesidad: en la presidencia dual se puede arrebatar el poder, pero no las consecuencias del fracaso. Puede haber dos sentados en la sala mirándose y midiendo los siguientes movimientos. El problema es que, en el mejor de los casos, sólo uno saldrá por la puerta principal.
