En medio de un clima político cada vez más polarizado, la discusión sobre una eventual reforma electoral, bajo el paraguas de un “plan B”, vuelve a colocarse en el centro del debate nacional. Sin embargo, más allá de las posturas ideológicas o los intereses partidistas, conviene hacer una pausa y preguntarnos si este es realmente el momento adecuado para modificar las reglas del juego democrático.
Desde distintos sectores, particularmente desde Coparmex, se ha lanzado un mensaje claro al Senado: la prioridad del país no está en rediseñar el sistema electoral, sino en atender los problemas urgentes que afectan la vida cotidiana de millones de mexicanos. Seguridad, salud, crecimiento económico y certeza jurídica son temas que demandan soluciones inmediatas, no distracciones legislativas.
La premisa es sencilla pero contundente: la mejor reforma electoral, hoy por hoy, es no hacer una reforma electoral. Esta postura no implica inmovilismo ni rechazo al cambio per se, sino una lectura del contexto. México atraviesa un momento que exige estabilidad política y reglas claras. Alterar el marco institucional en estas condiciones podría generar más incertidumbre que beneficios.
La confianza —ese intangible que sostiene tanto a la democracia como a la economía— depende, en gran medida, de la estabilidad. Modificar las instituciones, el presupuesto y la autonomía electoral sin amplios consensos ni un diálogo nacional profundo, corre el riesgo de debilitar su legitimidad. Y, cuando las reglas pierden legitimidad, también lo hace el sistema que las sustenta.
Además, no se puede ignorar el impacto económico de estas decisiones. La incertidumbre política suele traducirse en cautela por parte de los inversionistas, frenando proyectos, reduciendo la llegada de capitales y, en última instancia, afectando el empleo. En un país que necesita crecer, producir y generar oportunidades, enviar señales de inestabilidad resulta contraproducente.
Otro punto crucial es el proceso. Reformas de gran calado no pueden ni deben imponerse. La historia democrática reciente ha demostrado que los avances más sólidos provienen del consenso, la inclusión y la transparencia. Cualquier intento de modificar las reglas sin estos elementos no solo genera resistencia, sino que erosiona la confianza ciudadana.
Conviene recordar que las instituciones electorales actuales no surgieron de la noche a la mañana. Son el resultado de décadas de evolución, de acuerdos políticos y de demandas sociales que buscaron garantizar competencia, pluralidad y alternancia. Desmantelar o debilitar estos avances sin una justificación clara y ampliamente compartida sería un retroceso innecesario.
Esto no significa que el sistema sea perfecto. Ninguno lo es. Pero hay una diferencia importante entre mejorar lo que funciona y transformar apresuradamente lo que ha dado estabilidad. La prudencia, en este caso, es una virtud política.
El llamado, entonces, no es a la inacción, sino a la responsabilidad: a enfocar los esfuerzos en aquello que realmente incide en el bienestar de la población; a construir acuerdos en lugar de profundizar divisiones, y, sobre todo, a entender que, en ciertos momentos, preservar también es una forma de avanzar. Porque, a veces, la decisión más sensata es que no haya reforma. #OpinionCoparmex
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