Donald Trump dijo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que México es el epicentro de la violencia de los cárteles. Añadió que para Estados Unidos es inaceptable compartir una frontera de dos mil millas con un territorio controlado por cárteles enemigos y cerró con una exigencia que debería dolernos más que indignarnos. México debe recuperar el control.
Lo más grave no es que Trump lo haya dicho. Lo más grave es que resulte tan difícil rebatirlo.
Podemos responder con discursos sobre soberanía, nacionalismo y no intervención. Debemos hacerlo si existe alguna pretensión de actuar unilateralmente en nuestro territorio. Pero ninguna bandera, por grande que sea, puede ocultar que hay carreteras, comunidades y actividades económicas donde la autoridad llega poco, llega tarde o simplemente no llega.
También sería mezquino negar que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha mostrado voluntad y realizado acciones concretas contra las organizaciones criminales. Las capturas, los decomisos, las extradiciones y la cooperación con Estados Unidos reflejan un cambio frente a la pasividad anterior. Hay un esfuerzo federal visible y una conducción de la seguridad mucho más seria.
El problema es que todavía no alcanza. Mientras la Federación golpea estructuras criminales, muchos gobiernos estatales y municipales siguen rebasados, paralizados o infiltrados. Se captura a un jefe delictivo, pero la policía local continúa abandonada. Se despliega un operativo, pero la fiscalía no investiga. Se recupera temporalmente una zona, pero el ayuntamiento sigue sometido por amenazas, dinero o complicidad.
Esta realidad no apareció con el discurso de Trump. El crimen organizado lleva más de dos décadas acumulando armas, dinero, territorio e influencia política. Sin embargo, el sexenio de “abrazos y no balazos” le regaló seis años completos para fortalecerse. Mientras el gobierno federal insistía en minimizar la violencia y descalificar a quienes advertían su crecimiento, los cárteles ampliaron sus negocios y penetraron más instituciones.
Ahora estamos pagando también el costo internacional de aquella negación. En México se acomodaron cifras, se convirtieron reducciones parciales en propaganda y se partidizó cualquier discusión sobre seguridad. Fuera del país ocurrió algo distinto. Gobiernos, empresas, inversionistas y turistas fueron construyendo su propia conclusión sobre México.
Esa conclusión llegó ya a una de las tribunas más importantes del mundo.
La imagen internacional de un país no es un asunto de relaciones públicas. Tiene consecuencias concretas. Si México es percibido como territorio de cárteles, la inversión puede frenarse por incertidumbre, el turismo puede reducirse por miedo y las empresas encarecen sus operaciones. Las alertas de viaje se endurecen y la seguridad termina mezclada con negociaciones comerciales que deberían resolverse por razones económicas.
También pueden aparecer mayores revisiones, restricciones o demoras para productos agrícolas y otras exportaciones primarias. No porque nuestros productos hayan perdido calidad, sino porque un país visto con desconfianza enfrenta más obstáculos que uno considerado estable y confiable.
Por eso la declaración de Trump no debe contestarse con enojo ni con otra conferencia para asegurar que todo marcha bien. La respuesta debe darse recuperando territorios, limpiando corporaciones, fortaleciendo fiscalías, encarcelando cómplices políticos y obligando a los gobiernos locales a asumir la responsabilidad que durante años han evadido.
México atraviesa uno de sus peores momentos de imagen internacional. Trump no inventó esa percepción. Nosotros la construimos con años de violencia, impunidad, simulación y necedad para reconocer la dimensión del problema.
No se trata de darle la razón a Trump. Se trata de aceptar que durante demasiado tiempo hicimos todo lo necesario para que la tuviera.
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