El dotar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de atribuciones que permiten el bloqueo de cuentas bancarias por “la sospecha” de actividades delictivas mayores, es colocar una bomba de tiempo en lo que respecta a la seguridad jurídica y la confianza.
Esto es así, porque a partir de la resolución de la SCJN los funcionarios de la Secretaría de Hacienda no requieren de autorización previa alguna.
Por supuesto que nadie estaría en contra de que se suspendan los flujos de lavado de dinero del crimen organizado, que suelen moverse en circuitos financieros diversos, y mucho menos que se corten de tajo transferencias de grupos que están relacionados con el terrorismo.
Pero el problema no es ese, porque las autoridades ya contaban con instrumentos legales para indagar las actividades sospechosas, incluir en listado de bloqueo a personas y solicitar a la FGR que proceda en el ámbito de su competencia.
La prudencia indicaría que en lo que se refiere a las competencias y al poder de las autoridades siempre hay que colocar barreras de control.
Por eso, el bloqueo de cuentas bancarias requería de la autorización de un juez, solicitud del Ministerio Público y en algunos casos de la petición de alguna autoridad extranjera.
Las inquietudes sobre los alcances de la resolución de la SCJN, que fue por mayoría, ya que Yasmín Esquivel Mossa, Arístides Guerrero y Giovanni Figueroa se pronunciaron en contra, no son gratuitas, vienen de cómo se utilizó a la UIF para denostar y para amagar.
Recordemos que un fiscal, Alejandro Gertz Manero, procedió contra un grupo de científicos, acusados por María Elena Álvarez-Buylla, la titular del Conahcyt, precisamente de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Todos resultaron absueltos, porque era una aberración la que se intentó cometer, pero les habría ido mucho peor si la UIF hubiera tenido las facultades que ahora dejó en firme la SCJN.
Pero, siendo realistas, la SCJN le dio un golpe, de proporciones todavía inciertas, a la seguridad jurídica y abrió un amplio abanico de posibilidades en las que no siempre los bandidos serán los afectados, sino ciudadanos comunes que se topen con algún funcionario que decida que son sospechosos.
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