Ser fiscal en cualquier estado de nuestra república es una responsabilidad única. El fiscal no solo encabeza la institución que monopoliza el ejercicio de la acción penal, es decir, decide a quién busca encarcelar y bajo qué cargos; también es el jefe de la policía encargada de investigar todos y cada uno de los delitos que denuncia cualquier persona.
Ese diseño catastrófico y medieval es una de las principales razones del nivel de impunidad en el país. Probablemente somos el único país en el mundo donde una persona víctima de un delito acude a un policía a avisar lo ocurrido y el policía le contesta: “vaya al MP a denunciar”.
En los países desarrollados las fiscalías formulan las acusaciones después de que las policías terminan sus investigaciones, y ninguna de ellas depende del impulso concreto de cada una de las víctimas sino de la política criminal diseñada por ambas instituciones de acuerdo con las necesidades concretas en determinado lugar y tiempo.
Si a ese diseño arcaico le sumamos el nivel de infiltración de la delincuencia organizada en las instituciones de seguridad en el país, la complejidad en la actuación de los fiscales es más que evidente. Sobre todo cuando se quiere trabajar y dar resultados.
Eso es lo que intentó el exfiscal de Chihuahua al desmantelar narcolaboratorios en colaboración con agentes de inteligencia estadounidenses (un poco más fiables que muchos agentes nacionales). Y no fue un resultado menor: evitar que la delincuencia opere en el territorio a su cargo es, precisamente, para lo que fue contratado.
No solo perdió su trabajo por hacer su trabajo. Ahora pretenden enjuiciarlo por traición a la patria o por violar protocolos. Ni hay traición a la patria ni hay violación de protocolos.
El mensaje que se envía a todos los fiscales es más que evidente. No trabajen ni busquen resultados. Hagan como que trabajan. Así, todos.
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