Guanajuato.- En los últimos días comenzó a circular una lista que, por sí sola, incomoda. No se trata de detenciones ni de cifras de violencia, sino de algo más complejo: apoyos atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación. Tratamientos médicos pagados, donativos a iglesias, fiestas patronales financiadas e incluso aportaciones a organizaciones que atienden alcoholismo y drogadicción. Y con ello, inevitablemente, se abre una conversación que no es sencilla: ¿qué hacer con esa aparente contradicción?
Pero hay algo que no podemos permitirnos perder de vista: el dinero no borra su origen. Y el origen, en este caso, es la violencia.
Lo que hoy se presenta como ayuda proviene de una cadena que rara vez se expone completa: extorsión a pequeños negocios, desplazamiento de familias, reclutamiento de jóvenes, homicidios y desapariciones. No es un detalle menor, es el punto central. Ese dinero no solo se lava en el sistema financiero, también se lava en la percepción social.
Y ahí es donde empieza el verdadero problema. Porque no están ayudando, están invirtiendo. Invirtiendo en legitimidad, en presencia, en control.
Organismos internacionales advierten que cuando estructuras criminales financian causas sociales, no están sustituyendo al Estado por vocación solidaria, sino ocupando el espacio que debería ser institucional. No es filantropía, es estrategia. Y hay una contradicción que debería incomodarnos más de lo que lo hace: financiar organizaciones que atienden adicciones, cuando buena parte del mercado de drogas —y de la violencia que lo rodea— está sostenido por esas mismas estructuras. Es intervenir en las consecuencias de un daño que previamente ayudaron a construir. No es ayuda, es administración del daño.
Si se hace el contraste completo, la narrativa cambia. El costo real no está en las listas que circulan, sino en las que no vemos: en las miles de vidas perdidas en disputas territoriales, en las familias que siguen esperando a quienes no regresaron, en los recursos públicos que se destinan a operativos, inteligencia y procesos judiciales, en los negocios que cerraron por extorsión, en las comunidades que dejaron de crecer.
Ese es el verdadero balance. Y ese costo lo pagamos todos.
En términos jurídicos y de derechos humanos, esto tiene nombre: captura social. Ocurre cuando el crimen no solo controla territorios, sino percepciones; cuando empieza a ocupar funciones que corresponden al Estado; cuando deja de ser únicamente un problema de seguridad y se convierte en un referente social. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que cuando el crimen se posiciona como proveedor, lo que se debilita no es solo la ley, sino la idea misma de que los derechos deben ser garantizados por instituciones. Y cuando eso se rompe, reconstruirlo toma generaciones.
Nada de esto libera al Estado, al contrario, lo exhibe. Porque donde el crimen puede “ayudar”, es porque antes hubo un vacío. Y ese vacío no se llena con discursos ni con operativos aislados, sino con presencia real, con servicios, con instituciones que sí llegan y sí resuelven.
Pero también implica una responsabilidad social incómoda. Porque sí, es humano no cuestionar un apoyo cuando se necesita. Pero como sociedad sí tenemos que hacerlo. No todo lo que alivia es bueno. No todo lo que ayuda construye.
Romantizar al crimen por sus donaciones es ignorar el daño que ya hizo y el que sigue haciendo. El problema no es que el crimen done, el problema es que pueda hacerlo… y que eso nos confunda.
Ningún donativo compensa una vida, ninguna fiesta patronal sustituye la justicia y ningún grupo criminal, por más que reparta, construye paz. A lo mucho, administra —con cálculo y conveniencia— el vacío que otros dejaron.
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