Pagaron reparación del daño tras acuerdo con víctimas por accidente en Oaxaca, informó la Fiscalía General de la República
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Pagaron reparación del daño tras acuerdo con víctimas por accidente en Oaxaca, informó la Fiscalía General de la República
El conductor Felipe de Jesús Díaz Gómez y el despachador Ricardo Mendoza Cerón, implicados en el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido a finales de 2025 en Oaxaca, recuperaron su libertad luego de que un juez avalara un acuerdo de reparación del daño con las víctimas, lo que puso fin al proceso penal en su contra.
La resolución fue emitida durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cintalapa, Chiapas, donde la jueza de control Diana Isabel Ivens Cruz validó el mecanismo alternativo alcanzado entre las partes, lo que derivó en el cierre de la causa penal 7/2026 y la liberación inmediata de ambos trabajadores, quienes permanecían recluidos desde enero en el penal conocido como “El Amate”.
El fallo judicial se sustentó en el desistimiento de la acción penal por parte de las víctimas, quienes optaron por una salida alterna al juicio a cambio de una compensación integral. De acuerdo con la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, un total de 145 personas —entre ellas 31 menores— recibieron indemnizaciones económicas como parte del acuerdo.
La funcionaria federal detalló previamente que la reparación integral del daño permitió extinguir la acción penal, conforme a lo previsto en el sistema de justicia acusatorio, evitando así que el caso avanzara a una etapa de enjuiciamiento.
El convenio fue suscrito con el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, empresa bajo operación de la Secretaría de Marina y responsable del proyecto ferroviario del Corredor Interoceánico.
El accidente ocurrió el 28 de diciembre de 2025, cuando un tren del Corredor Interoceánico se descarriló en territorio oaxaqueño, dejando un saldo de 14 personas fallecidas y decenas de lesionados. El hecho generó cuestionamientos sobre las condiciones de operación, seguridad ferroviaria y responsabilidades técnicas dentro de uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del sur del país.
Tras el siniestro, la Fiscalía General de la República detuvo a Díaz Gómez y Mendoza Cerón a finales de enero de 2026, imputándoles los delitos de homicidio y lesiones culposos. Ambos fueron vinculados a proceso mientras avanzaban las investigaciones.
Sin embargo, con la decisión de las víctimas de acogerse a un mecanismo de solución alterna y aceptar la reparación del daño, el proceso penal quedó sin efecto, marcando el cierre judicial del caso sin llegar a juicio.
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