En 2018 se instaló en el discurso oficial una frase que parecía humanista, incluso noble, abrazos no balazos. El problema no fue la frase. El problema fue que se convirtió en política pública.
La estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador partía de una premisa parcialmente correcta pero peligrosamente incompleta, que la violencia tenía raíces sociales y había que atenderlas. Nadie serio puede negar eso. La exclusión, la pobreza y la falta de oportunidades incuban criminalidad. Pero el Estado no puede dejar de ejercer coerción legítima mientras intenta corregir desigualdades estructurales. Y eso fue exactamente lo que ocurrió.
Cuando un gobierno anuncia que no confrontará estratégicamente a las organizaciones criminales, el mensaje no se procesa en los salones académicos ni en los foros de debate, se procesa en los niveles de mando criminal. No se interpreta como sensibilidad social, se interpreta como reducción de riesgo. Y cuando el riesgo baja, la expansión criminal se acelera, se organiza y se vuelve más ambiciosa.
En 2019 ocurrió un punto de quiebre institucional con la desaparición de la Policía Federal. Con todos sus defectos, había construido capacidades reales de investigación, inteligencia y despliegue estratégico durante dos décadas. No era perfecta, pero era perfectible. En su lugar se creó la Guardia Nacional, una institución predominantemente militarizada en su estructura de mando, enfocada en despliegue territorial masivo, pero sin el mismo músculo investigativo que requería la complejidad del crimen organizado contemporáneo.
Se cambió equilibrio por volumen. Se privilegió presencia sobre inteligencia. Se desmontó una estructura antes de consolidar otra. El crimen entendió la transición como una ventana de oportunidad.
Hoy se habla del poder de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, como si fuera el origen del problema. No lo es. Su expansión no es causa, es consecuencia. Cuando el Estado reduce presión estratégica sostenida, las organizaciones criminales no se repliegan por buena voluntad. Se expanden, diversifican, invierten, se infiltran, se arman mejor y reclutan más jóvenes. Profesionalizan su violencia.
El sexenio 2018 a 2024 no fue un periodo sin violencia. Fue un periodo donde el crimen consolidó posiciones territoriales, diversificó fuentes de financiamiento y fortaleció estructuras regionales mientras el discurso insistía en que la violencia se contenía. La llamada contención fue, en muchas regiones, permisividad operativa.
La paradoja es brutal. Mientras el discurso político evitaba la confrontación estratégica con las cúpulas criminales, los enfrentamientos, masacres y homicidios dolosos no desaparecieron. Lo que cambió fue la naturaleza del enfrentamiento. No se desmantelaron estructuras. Se administró el conflicto.
Y en esa administración el costo humano lo pagaron policías municipales mal equipados, comunidades atrapadas entre facciones rivales, empresarios extorsionados y familias desplazadas. No fue una política de paz. Fue una política de rendición gradual, administrada y disfrazada de prudencia. La rendición nunca trae estabilidad. Sólo aplaza el estallido.
La seguridad no colapsa de un día para otro. Se erosiona. Primero se envía una señal política. Después se desmantela una institución. Luego se rediseña sin transición sólida. Más tarde se normaliza la presencia criminal. Finalmente el territorio cambia de manos. Cuando eso ocurre, revertirlo cuesta años y miles de vidas.
Lo que hoy enfrenta México no es solamente la presencia de líderes criminales fuertes. Es el empoderamiento estructural que se produjo cuando el Estado decidió retirarse parcialmente del tablero estratégico. La historia juzgará si fue ingenuidad ideológica o cálculo político. Lo que es incuestionable es el resultado. Y los resultados en materia de seguridad siempre se miden en vidas.
