El diario británico recoge testimonios sobre cómo el Estado mexicano "se ha lavado las manos de una tercera parte de las víctimas reportadas”
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El diario británico recoge testimonios sobre cómo el Estado mexicano "se ha lavado las manos de una tercera parte de las víctimas reportadas”
El diario británico The Guardian publica este domingo lo que considera “posiblemente la mayor crisis de derechos humanos de México”, con más de 130 mil personas desaparecidas en los últimos años y cómo para los colectivos de búsqueda y especialistas, el más reciente informe sobre desapariciones “busca borrarlos en vez de seguir buscándolos”
En ese contexto, el reportaje documenta una nueva controversia tras la presentación de un informe del gobierno federal que reclasifica los registros de personas desaparecidas.
De acuerdo con la publicación: “El gobierno presentó recientemente un informe que indicó que una tercera parte de los desaparecidos había mostrado señales de vida, mientras que otra tercera parte carecía de datos suficientes para ser encontrada”.
El reporte oficial, según detalla el medio, se construyó a partir del cruce de registros de desaparición con bases de datos como declaraciones fiscales, registros civiles y expedientes de vacunación. A partir de ello, autoridades identificaron 40,308 personas con algún tipo de actividad en registros del Estado, lo que sugiere que podrían estar con vida. También reportaron la localización de 5,269 personas.
Sin embargo, el mismo informe establece que 46,742 casos —alrededor del 36%— no cuentan con información básica, como nombre completo, fecha o lugar de desaparición, lo que impide su búsqueda. Otros 43,128 casos sí tienen datos completos pero no presentan señales de vida en los cruces institucionales.
Frente a estos resultados, el reportaje recoge la reacción de colectivos de búsqueda. María Herrera Magdaleno, madre de cuatro hijos desaparecidos, declaró:
“Lo que el gobierno está haciendo es ilógico e indignante… En lugar de buscar a nuestros desaparecidos, los están desapareciendo”.
El texto sitúa estas declaraciones en una disputa de largo plazo entre autoridades y organizaciones civiles.
Según el propio reportaje, “la reciente polémica es el último episodio de una larga batalla entre autoridades que insisten en que el número de desaparecidos está sobredimensionado, y colectivos y grupos de derechos humanos que afirman que la cifra real es mucho mayor”.
El reportaje de The Guardian documenta que especialistas y organizaciones consideran que la revisión de registros no resuelve la búsqueda de personas desaparecidas y podría tener efectos en la forma en que se dimensiona la crisis.
Armando Vargas, analista de seguridad de México Evalúa, afirmó que “el Estado está, en última instancia, haciendo desaparecer a los desaparecidos otra vez… [el recuento] no ofrece ninguna forma de justicia a las víctimas y desestima completamente las recomendaciones de la sociedad civil”.
El diario también señala que, de acuerdo con activistas citados, la clasificación de decenas de miles de casos como “sin datos suficientes” puede implicar que no se desarrollen acciones de búsqueda para ese grupo:“Muchos creen que al insistir en que 46 mil personas desaparecidas no tienen datos suficientes para ser encontradas, el Estado se ha lavado las manos de una tercera parte de las víctimas reportadas”.
Asimismo, indica que no se presentó un plan para completar la información faltante ni una estrategia específica para localizar a estas personas. En este contexto, la carga de la búsqueda continúa recayendo en las familias:
“La tarea parecería recaer en las familias que, ante la inacción del gobierno, a menudo realizan la búsqueda por sí mismas con gran riesgo personal”.
También documenta que el gobierno ha insistido en que los familiares abran carpetas de investigación en fiscalías locales. Sin embargo, según la cobertura, existe desconfianza hacia estas instituciones.
Rosalva Aída Hernández Castillo, antropóloga citada en el reportaje, señaló “Estamos regresando a la idea de que solo quienes tienen una carpeta de investigación serán considerados… existe una profunda desconfianza hacia las fiscalías y una colusión significativa con grupos criminales”.
De acuerdo con el medio, de los más de 43 mil casos sin señales de vida tras el cruce de datos, menos del 10% cuenta con investigación penal.
Marcela Figueroa, funcionaria de seguridad, declaró que, a diferencia de periodos anteriores, los casos recientes han sido “cometidos por individuos”, no por el Estado.
En la misma línea, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, indicó que los registros incluyen “ausencias voluntarias”.
Sin embargo, señala que diversos casos documentados en México han involucrado a autoridades. Además, organizaciones cuestionan esa interpretación.
El Centro Prodh afirmó que “la idea de que las desapariciones forzadas no ocurren, o que la mayoría son ausencias voluntarias, minimiza la responsabilidad del Estado… limitar el número de personas desaparecidas minimiza la magnitud de una crisis que tiene rostro humano”.
La publicación de The Guardian coincide con la difusión reciente de un informe de la ONU sobre desaparición forzada en México. Frente a este documento, el gobierno federal ha expresado su rechazo y ha señalado diferencias en los criterios utilizados para clasificar los casos.
Asimismo, instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han desestimado el informe el cual en realidad ofrece apoyo y seguimiento al Gobierno mexicano.
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