Se han adquirido 11.3 billones de pesos en deuda, una cifra que supera los 10.8 billones acumulados hasta 2018, es decir, en todos los sexenios previos
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Se han adquirido 11.3 billones de pesos en deuda, una cifra que supera los 10.8 billones acumulados hasta 2018, es decir, en todos los sexenios previos
Durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, encabezados por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, México ha registrado el mayor crecimiento de deuda pública en su historia reciente al grado de que más de la mitad del endeudamiento total vigente se ha contratado en los últimos años, de acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
El organismo, dependiente del Consejo Coordinador Empresarial, informó que en los últimos siete años —incluyendo proyecciones hacia 2027— se han adquirido 11.3 billones de pesos en deuda, una cifra que supera los 10.8 billones acumulados hasta 2018, es decir, en todos los sexenios previos.
Este nivel de endeudamiento responde, según el CEESP, a la necesidad de financiar el gasto público ante ingresos limitados, una tendencia que se mantendrá conforme a los planes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La dependencia proyecta que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público —la medida más amplia de deuda— alcance 55% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027, equivalente a 21.8 billones de pesos.
Tan solo en ese año, se prevé que la deuda aumente en 1.6 billones de pesos, mientras que en los primeros tres años de la actual administración el incremento será de 4.4 billones, lo que evidencia una trayectoria ascendente en el endeudamiento.
El análisis advierte que, aunque el gobierno plantea una consolidación fiscal en su primera aproximación del Presupuesto 2027, persisten limitaciones estructurales para cubrir las necesidades del país. La propia Secretaría de Hacienda anticipa un crecimiento económico que elevaría los ingresos tributarios en 2.1%, pero este avance sería contrarrestado por una caída de 23.8% en los ingresos petroleros, generando una reducción total de ingresos de 1.4%.
En este contexto, el CEESP subraya que la capacidad contributiva de empresas y familias se debilita ante el bajo dinamismo económico, lo que incrementa la incertidumbre y frena la inversión. A pesar de una mayor fiscalización que ha impulsado la recaudación en años recientes, el organismo advierte que esto no compensa la falta de crecimiento del aparato productivo.
Para contener el déficit, el gobierno propone una reducción del gasto total de 3.2% en 2027. Sin embargo, el ajuste enfrenta un obstáculo central: los programas prioritarios —que suman cerca de 2.8 billones de pesos, equivalente a casi 30% del gasto público—, cuya continuidad limita el margen de maniobra para recortes significativos.
El CEESP también señala que la administración actual enfrenta una presión adicional por la falta de fuentes alternativas de ingresos, tras el uso intensivo de fideicomisos y fondos públicos en el sexenio anterior, así como por la eliminación de organismos autónomos.
Finalmente advierte que, sin una mayor eficiencia en la asignación del gasto y un control más estricto de los recursos públicos, el país seguirá dependiendo del endeudamiento. Esto, añade, no solo compromete el equilibrio fiscal de largo plazo, sino que también podría afectar la inflación y el poder adquisitivo de la población.
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