El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, exigió una investigación a fondo y sin protección política, así como la eventual separación del cargo del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, el senador Enrique Inzunza, y servidores públicos del estado.
Máynez sostuvo que, de existir elementos suficientes, los funcionarios señalados deben responder ante la justicia “sin el amparo del fuero constitucional”, subrayando que la gravedad de las acusaciones obliga a actuar con transparencia y responsabilidad institucional.
El posicionamiento del partido surge luego de que autoridades estadounidenses vincularan a diversos funcionarios sinaloenses con presuntos nexos con el crimen organizado, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”, lo que ha escalado la presión política sobre el gobierno estatal.
En este contexto, Movimiento Ciudadano advirtió que el fuero no puede convertirse en un obstáculo para esclarecer los hechos, por lo que planteó dos rutas: la separación voluntaria del cargo del gobernador Rubén Rocha Moya y del alcalde de Culiacán, o bien, el inicio de un proceso formal de desafuero.
El planteamiento de MC coloca en el centro al Congreso del Estado de Sinaloa, instancia facultada para iniciar procedimientos de desafuero contra servidores públicos locales.
De acuerdo con el marco legal vigente en la entidad, cualquier solicitud de desafuero debe ser analizada por las comisiones legislativas correspondientes, que determinan la procedencia del caso antes de someterlo a votación del pleno. En este proceso, la correlación de fuerzas políticas resulta determinante, ya que se requiere mayoría para retirar la inmunidad constitucional.
Actualmente, el Congreso de Sinaloa cuenta con una mayoría afín a Morena, lo que podría complicar el avance de una eventual solicitud de desafuero impulsada por la oposición. No obstante, la presión internacional y mediática podría incidir en el curso de las decisiones legislativas.
Finalmente, Movimiento Ciudadano hizo un exhorto directo a la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo una investigación exhaustiva, independiente y sustentada en pruebas, que permita determinar si existen elementos suficientes para proceder legalmente contra los funcionarios señalados.
El partido insistió en que este caso representa una prueba para las instituciones mexicanas en materia de combate a la impunidad y rendición de cuentas, en un contexto donde la seguridad y la infiltración del crimen organizado en estructuras de gobierno se han convertido en uno de los principales desafíos del país.
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