Chetumal, QRoo.- A pesar de que no garantiza la protección a periodistas, en México, la presidenta Claudia Sheinbaum pretende instalar la “ley censura”; nuestro país contabiliza desde el año 2000, 181 periodistas asesinados.
Una consulta pública sobre los lineamientos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, cabildea la obligatoriedad de que, cada medio de comunicación, cuente con un “defensor de las audiencias”.
Además de un código de ética y el derecho de réplica, en el que se distinga claramente lo que es la noticia y lo que es opinión, así como la obligación de responder a noticias falsas que afecten la imagen de terceros, eso dicen.
La pregunta aquí sería, ¿habría una sanción económica y como de cuánto sería la multa, suficiente para inhibir el ejercicio periodístico?, o bastaría con un "usted dispense" y una replica.
Dicen que estas medidas solo serían aplicables a radio, televisión y medios escritos, pero no incluyen plataformas digitales ni canales en redes sociales.
La famosa “mañanera” no estaría incluida en los lineamientos, pues no se contemplan las plataformas digitales; sin embargo, lleva el peso mortífero de la opinión presidencial y su respaldo incluido.
Los códigos deontológicos tales como normas, deberes y valores que deben cumplir quienes ejercen una profesión, en este caso el periodismo, no son algo nuevo.
Datan, al menos, de hace 20 años o más. La mayoría de los medios de comunicación tradicionales, como la prensa escrita, la radio o la televisión cuentan con ellos, bien definidos y redactados.
No sólo los defensores de las audiencias, los códigos de ética, la cláusula de conciencia, el diagnóstico de contenidos, el estatuto de redacción y los que les quieran sumar, operan perfectamente.
En mi caso particular, los plasmé en la tesis para obtener el grado de Maestro en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Lo menciono únicamente para contextualizar.
Ahí están reflejados, en el Diagnóstico y Alternativas de los Noticieros del Sistema quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), desde hace 16 años. Le adelanto que a ninguna autoridad estatal le interesó.
Estos lineamientos son opcionales, pero existen. Aquí lo peligroso es que, al quererlo hacer obligatorio, existan letras chiquitas, donde incluyan preceptos para someter a los medios a los deseos presentes de la 4T.
Hay que estar pendientes, porque nos la aplican. A nadie le interesa defender a las audiencias: ni a la figura presidencial, ni a su ideólogo en comunicación, Genaro Villamil; por cierto, mi maestro en la materia.
Tuvimos en Quintana Roo una Ley de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, que fue abrogada por la administración de Carlos Joaquín González, al calificarla como la “Ley Borge”.
Un servidor, junto con el periodista nacional, destacado en la materia, Rogelio Hernández, Javier Chávez y Graciela Machuca, apoyados por Alejandro Encinas, y expertos jurídicos, entregamos al Congreso del Estado otra iniciativa de ley similar, pasaron dos legislaturas, más la que corre y nada: carpetazo.
Nos quieren sometidos y callados. No pueden garantizar la protección del mensajero, pero sí, eliminarlo para incomodarse menos, ya sea rechazando o abrogando leyes, y ahora cabildean aplicar códigos deontológicos que ya existen.
En México se han documentado 181 asesinatos de periodistas, en posible relación con su trabajo, según la organización Artículo 19. En 2026 han ocurrido 7.
Veracruz es el estado con el mayor número de registros históricos a nivel nacional, con 34 periodistas asesinados. Tan solo durante el gobierno de Javier Duarte (2010/2016) se contabilizaron 18.
Fue el sexenio más letal contra los comunicadores en México. La gran mayoría de los crímenes contra periodistas permanece impune.
Durante la administración de la presidenta Sheinbaum han sido asesinados 14 periodistas.
47 con Andrés Manuel López Obrador.
47 con Enrique Peña Nieto.
48 con Felipe Calderón Hinojosa.
Los asesinatos más recientes contra periodistas son:
El de Alejandro Leyva Aguilar, asesinado en la localidad de San Pablo Etla, al norte de la ciudad de Oaxaca, un par de sujetos dispararon contra él hasta quitarle la vida.
Días antes de su muerte, el periodista responsabilizó a través de un video, al gobierno de Oaxaca de lo que pudiera pasarle:
"Realmente me preocupa, en verdad, que no puedan mancharme y entonces traten de callarme, como lo han hecho con tantos periodistas que han sido asesinados por pensar diferente o por decir la verdad de la manera más cruda posible", declaró el periodista.
Leyva Aguilar, aseguraba seguir adelante con las denuncias interpuestas en contra de Salomón Jara, gobernador de Oaxaca; Jesús Romero, secretario de Gobierno, y Giovanni Vázquez Cabrera, consejero jurídico, a quienes responsabilizó de lo que pudiera pasarle a él o a su familia.
Leyva fue asesinado el mismo día en que la presidenta Sheinbaum y su equipo de seguridad destacaban la reducción de homicidios, algo tan falso como el supuesto éxito del Tren Maya.
A principios de este mes, las autoridades confirmaron la muerte de la periodista veracruzana Roxana Guzmán, quien había sido secuestrada un mes antes por un grupo armado en su casa, en Nanchital, Veracruz.
El presunto autor intelectual es Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, mientras que la ejecución material se atribuye a integrantes del grupo delictivo Grupo Sombra, con la participación de policías municipales.
México es el tercer país a nivel global, fuera de guerras, donde más se asesinan periodistas, y lejos de creer que es el crimen organizado el responsable, las cifras ubican con mayor frecuencia a políticos como los autores intelectuales o incluso materiales.
En Quintana Roo se han documentado seis casos de homicidios de periodistas, desde la creación de registros oficiales y mecanismos de protección. Todos durante el sexenio de Carlos Joaquín González.
Centenas de comunicadores e integrantes de medios de comunicación han sido incorporados a instancias de resguardo estatal o federal; algunos de ellos, asesinados a pesar de ello.
El periodista local Héctor Valdez se encuentra recluido en la CDMX, purgando una sentencia que él y organizaciones civiles consideran producto de un proceso fabricado presuntamente durante el sexenio de Carlos Joaquín González, hoy embajador de México en Canadá.
Héctor se desempeñaba en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y en su propio portal de comunicación digital Tulum en la Red. Fue detenido en noviembre de 2020, tras críticas contra la administración estatal y autoridades de Tulum.
Denuncias hechas durante la “mañanera” ante la presencia de su amigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que le había ofrecido su apoyo incondicional.
Y termino mi narrativa dejando la siguiente pregunta, ¿que urge más instalar, la “ley censura” o una verdadera ley de protección integral para los periodistas?, usted tiene la última palabra, estimado lector.
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