Ver los rostros juveniles de los mineros secuestrados, asesinados y arrojados a una fosa clandestina en Sinaloa, causa un dolor profundo que sólo a la frialdad de un nazi o un estalinista no conmueve.
Sus vidas fueron segadas por criminales que, en esa y otras zonas del país, gozan de poder porque el presidente López Obrador los hizo sus protegidos y cogobernantes.
La presidenta Sheinbaum anuncia investigaciones caso por caso, lo que es una aspirina para tratar el cáncer.
Y el cáncer es que AMLO le cedió la gobernanza de buena parte del país a los grupos criminales.
A él sólo le importaban las elecciones.
El Cártel de Sinaloa le ayudaba a ganar elecciones a Morena. Abrazos y más abrazos.
No hay Estado de derecho donde mandan el narco, las mafias de la extorsión, el poder Judicial es apéndice de un partido político y la Fiscalía General de la República ejecuta órdenes de la Presidencia.
Marcelo Ebrard puede jurar que, ahora sí, vienen empresas con billones de dólares para nuevas inversiones, que no se van a concretar mientras no se corrijan las causas que las espantan.
Una de ellas -no la única- es la falta de Estado de derecho.
La imagen del presidente de la Corte, impávido mientras dos colaboradores le limpian los zapatos en la calle, es la metáfora del poder Judicial.
Hugo Aguilar llegó a la presidencia de la Corte con la careta de “zapatista”, como si su cercanía con Marcos lo hiciera más puro. También eso resultó un fraude. Lo pusieron gobernadores del sur que responden a su jefe López Obrador.
Si por cuidar un poco la imagen desde Palacio Nacional lo quitan de la presidencia de la Corte, quien sube en el escalafón es Lenia Batres.
La justicia está partidizada y eso no es justicia.
El sistema judicial era malo, pero luego de la reforma aprobada con el voto de una mayoría ilegítima en el Congreso, es soviético.
Acaban de reservar hasta el año 2031 la información sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico.
Toda proporción guardada, así ocultó la URSS la magnitud del desastre en Chernobyl.
En este caso, por razones de “seguridad nacional”, se nos impide conocer los pormenores del accidente que cobró 14 vidas.
Ocultan todo hasta después de las elecciones presidenciales y debemos conformarnos con el dicho de la presidenta de que “se informará”.
Leo en Reforma que al abogado Juan Collado, al que odian en Morena, le revivieron un proceso penal que había sido resuelto en su favor en 2024. El “nuevo poder Judicial” mandó un cambio de señal y van sobre él.
Y a los funcionarios responsables de desvíos millonarios, como el exdirector de Segalmex Ignacio Ovalle, se les cubre con el manto de la impunidad.
O al director del Instituto de Migración, responsable de redadas ilegales de sus agentes que llevaron a medio centenar de centroamericanos a un centro de detención infame donde murieron quemados en vida.
Hemos visto cómo a dueños de medios de comunicación los ahorcan para doblarlos y les echan al fisco y al poder Judicial encima.
Y sin ningún fundamento jurídico se asignan contratos multimillonarios a los que no dejan de aplaudir a la presidenta (y antes a AMLO), cubren sus errores y ocultan información.
Qué bonito Estado de derecho.
Ya mero vienen las inversiones.
