Minneapolis amaneció con una escena que no debería volverse rutina: un operativo migratorio que termina en muerte. Un agente federal disparó y mató a Alex Pretti, enfermero de 37 años, en medio de una acción de ICE.
Con otro episodio fatal en el mismo mes, la pregunta ya no es ¿qué pasó? sino ¿qué se está construyendo?: ¿cuánta violencia está dispuesto a normalizar el gobierno federal para sostener su estrategia?
Los datos duros no invitan al triunfalismo. En el New York Times/Siena, Trump está “underwater”: 40% aprueba su desempeño y 56% lo desaprueba. En migración aparece la contradicción de fondo: 50–46% aprueba su manejo de la frontera, pero 63–36% desaprueba a ICE, y 61% cree que sus tácticas “se han pasado”. La distinción es fina, pero decisiva: una cosa es respaldar el objetivo del control; otra, tolerar el método con el que se lleva a cabo.
Las cifras en deportaciones, además, son terreno resbaladizo. El Departamento de Seguridad Interior (DHS) presume 605 mil personas “deportadas” desde el 20 de enero de 2025, pero la disputa no es sólo cuantitativa: es de métrica. ¿Cuenta rechazos en frontera y aeropuertos? ¿Qué entra en “removal”? Con el indicador borroso, lo que queda es lo visible: redadas, detenciones, videos, funerales.
En año de elecciones intermedias, la lógica electoral convencional diría: ajusta el perfil, vuelve selectivo el operativo, reduce fricción. Pero Trump hace lo contrario. No porque ignore el costo, sino porque ICE funciona como infraestructura de poder. Es mostrar que el Estado puede entrar, tomar y decidir sin pedir permiso.
En el trumpismo, corregir es ceder. Y ceder, simplemente, no está en el menú.
El presupuesto confirma la intención. ICE va a ejercer en términos reales y por varios subterfugios presupuestales alrededor de 29 mil millones por año en los próximos años. En ese sentido, se está financiando una maquinaria robusta.
Tras Minneapolis, la hipótesis más verosímil de reacción es la de un equilibrio de “aguantar + reencuadrar”. Trump mantiene la operación —porque moderarla sería admitir que la crítica lo frena— y compensa el desgaste con narrativa: cada demanda es “obstrucción”, cada protesta es “caos”, cada ciudad santuario es “cómplice”. La oposición responde con lo previsible: litigio y movilización. Y esa respuesta, lejos de desactivarlo, se vuelve combustible.
Ese equilibrio implica un costo en las intermedias: el votante pivote castiga el método cuando lo ve. Pero la apuesta es asimétrica porque busca aguantar el golpe a mitad de camino, para llegar a la presidencial con el objetivo convertido en “resultado” (“hubo control”) y con el método reencuadrado como costo inevitable o culpa ajena (“jueces”, “alcaldes”, “sabotaje”). Pagar hoy para cobrar mañana.
¿Y si pierde la mayoría? Aun así, puede sostener la línea porque gran parte de la palanca ya está en el Ejecutivo: reasignación de recursos dentro de DHS, prioridades de detención, convenios con policías locales, órdenes ejecutivas, reglas administrativas y litigio como modo de gobierno.
El Congreso puede investigar, citar, recortar a futuro. Pero mientras haya fondos vigentes y margen operativo, la estrategia puede sobrevivir: judicializada, conflictiva o hasta selectiva; pero no más moderada.
En Minneapolis no estamos viendo una política migratoria, sino una prueba de poder. Si a Trump le importara el costo, moderaría el método. No lo hace. Ahí está la pista.
