Amnistía Internacional, Artículo 19, Fundar, Datacívica, el Centro Prodh, MUCD y al menos 12 grupos más exigen corresponsabilidad en la crisis de desaparecidos
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Amnistía Internacional, Artículo 19, Fundar, Datacívica, el Centro Prodh, MUCD y al menos 12 grupos más exigen corresponsabilidad en la crisis de desaparecidos
Al menos 13 organizaciones nacionales e internacionales, activistas y defensores de derechos humanos, condenaron la respuesta del gobierno de México frente al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y en concreto recriminaron que "negar la realidad no borra los 132 mil desaparecidos"
Amnistía Internacional señaló: “Las desapariciones en México siguen siendo una crisis que afecta directamente a más de 132 mil familias. Reconocer avances no exime al Estado de atender las observaciones internacionales. Es fundamental mantener la cooperación y colocar a las víctimas y sus familias en el centro”.
Añadió que "la resolución del Comité representa una gran oportunidad para que el gobierno mexicano atienda de manera efectiva la crisis que actualmente vive el país” y llamó a “aceptar la cooperación técnica, fortalecer los mecanismos internacionales de rendición de cuentas y el compromiso del Estado con los derechos de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos”.
Por su parte, Artículo 19 expresó: “Respaldamos plenamente el informe del CED. La descalificación de los hallazgos técnicos no altera la realidad de una impunidad superior al 98% en los casos de desaparición”.
En otro pronunciamiento, activistas como Fundar, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Datacívica y otros grupos condenaron "el rechazo del Estado a la asistencia internacional es una omisión que posterga el derecho irrenunciable de las familias a la verdad y a la justicia”.
Las organizaciones firmantes señalaron que "mientras la cifra de personas desaparecidas continúa en aumento y la impunidad, en dichos casos supera el 99%, cualquier avance normativo es, en la práctica, insuficiente”.
También afirmaron que "la responsabilidad internacional del Estado no solo surge por la acción directa, sino por la aquiescencia. La acumulación de más de 33 mil cuerpos y restos de personas sin identificar en las instituciones forenses del país es la prueba irrefutable de que la respuesta institucional está colapsada”.
Asimismo, señalaron que “calificar de ‘falto de rigor’ el diagnóstico del CED frente a esta tragedia es una falta de respeto a la memoria de las víctimas y al esfuerzo de las familias que buscan con sus propias manos”.
En su llamado, indicaron: “Abandonar la actitud defensiva y reconocer la magnitud de la crisis”, “aceptar la asistencia técnica internacional propuesta” y “establecer un diálogo genuino con las familias, colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos”.
México Unido Contra la Delincuencia expresó por su parte un "llamado público a la SRE y autoridades federales a mostrar apertura a este proceso internacional que es, en realidad, una oportunidad de fortalecer la atención a las desapariciones en México”.
Para ese organismo, "el Gobierno de México debe actuar a la altura y, lejos de resistirse y negar esta crisis que duele en nuestro territorio, actuar para saldar la deuda con lxs desaparecidxs y prevenirla”.
Al reclamo se sumaron grupos de buscadores, colectivos de defensa a las mujeres, a favor de la equidad de género, feministas y contra la violencia.
Finalmente, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló: “La decisión está basada en años de evaluación del Comité CED sobre la comisión de desapariciones en el país” y precisó: “El Comité encontró una situación preocupante caracterizada por un inmenso número de desapariciones”.
Indicó también que hay evidencias de que “no se cuenta con una política nacional integral dirigida a prevenir, erradicar y sancionar las desapariciones” y que “la búsqueda de personas desaparecidas recae en las familias y no en el actuar del Estado”.
Sobre la respuesta oficial, expresó: “Lamentamos la respuesta del Estado a esta determinación, indicando que es ‘tendencioso’ y que no cuenta con rigor jurídico. La respuesta del Estado no está a la altura de la crisis que vive el país en materia de desapariciones”.
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