La semana pasada, la presidenta Sheinbaum presentó en una de sus mañaneras una lista de 12 buenas noticias económicas. Varios analistas han señalado, con razón, que esos datos —aunque verificables— se expusieron sin contexto. Supongamos, por un momento, que ella misma cree en ese balance optimista. El problema, entonces, es si reconoce también lo que esos anuncios dejaron fuera.
Mi colega Valeria Moy revisó esas noticias una por una y mostró que el problema no era la falsedad de cada cifra, sino la ausencia de contexto. La inversión extranjera directa puede lucir histórica y, aun así, estar compuesta sobre todo por reinversión de utilidades, lo que no necesariamente se traduce en nueva capacidad productiva. El desempleo puede ser bajo y convivir con una informalidad superior a 54%. La estabilidad cambiaria y la baja inflación, por sí solas, tampoco equivalen a una economía robusta. Escoger sólo lo favorable no modifica las condiciones de familias, empresas y finanzas públicas.
La discusión de fondo no es si existe algún dato rescatable, sino si el gobierno entiende las causas del estancamiento económico. La confianza para invertir no depende de la retórica, sino de reglas estables e instituciones creíbles. Cuando la narrativa gubernamental insiste en que hay certidumbre mientras se acumulan dudas sobre el marco regulatorio y la calidad institucional, el resultado es cautela. Y la cautela se traduce en menos inversión y menor dinamismo.
Esa cautela ya tiene un costo. En mayo, dos descalabros con las calificadoras. Primero S&P puso en perspectiva negativa la deuda soberana. Luego Moody’s rebajó la calificación de Baa2 a Baa3, último escalón del grado de inversión. Citó el deterioro fiscal, el bajo crecimiento, el costo del apoyo a Pemex y la incertidumbre institucional. Cuando sube la percepción de riesgo, se encarece el financiamiento del país y también el del sector privado.
Pemex resume el problema. Puede reducir deuda trasladándola al gobierno federal sin mejorar su desempeño operativo. Mientras siga requiriendo recursos públicos sin corregir producción y rentabilidad, la presión no desaparece: sólo eleva la carga al erario federal. Por eso, el margen fiscal es hoy más estrecho de lo que sugiere la narrativa oficial.
La recaudación confirma el enfriamiento. El ISR cayó 12.9% real en abril frente al mismo mes de 2025 y 6.2% en el acumulado de enero a abril. Cuando el ISR retrocede, no sólo disminuye un ingreso clave para Hacienda: también alerta sobre utilidades empresariales, ingresos laborales y el pulso de la economía. Banxico lo dijo con claridad al recortar su pronóstico de crecimiento para 2026 de 1.6% a 1.1%: la actividad se comportó mucho peor de lo esperado. La caída del PIB al inicio del año y la debilidad de la inversión no son accidentes estadísticos. Son síntomas de un entorno marcado por incertidumbre interna y presión externa.
A eso se suma la revisión del T-MEC, a la que México llega con menor crecimiento, menor holgura fiscal y una relación bilateral deteriorada por la negativa a extraditar a un exgobernador y a su red de presuntos vínculos con el crimen organizado. Si Washington endurece las reglas de origen en sectores como el automotriz, el costo para la competitividad puede ser significativo. Además, que esas propuestas estén ya sobre la mesa confirma que el entorno externo será menos benigno de lo que algunos mensajes oficiales suponen.
El punto no es negar que existan buenas noticias, sino exigir que se presenten completas. Gobernar con datos implica mostrar también límites y contradicciones. Cuando sólo se selecciona lo favorable, la comunicación pública deja de rendir cuentas y se convierte en propaganda. México necesita menos autocomplacencia y más seriedad en el diagnóstico. Reconocer la desaceleración, la fragilidad fiscal y la incertidumbre institucional no debilita al país: es la única manera responsable de empezar a corregir el rumbo.
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