Todo gobierno, por naturaleza, intenta poner buena cara frente a los ciudadanos. Dar malas noticias no está en el ADN de ningún gobierno democrático. La política premia el optimismo y la narrativa de control. El problema surge cuando la necesidad de transmitir tranquilidad deriva en algo más peligroso: negar la realidad. O peor aún, intentar sustituirla por propaganda.
En los últimos días, varios acontecimientos en México han dejado claro que el gobierno insiste en construir una narrativa que cada día se encuentra más desconectada de los hechos.
El primero es la economía. Las cifras se acumulan y apuntan en una misma dirección: estancamiento. El PIB, el empleo formal, la manufactura, los servicios muestran señales de debilidad. Sin embargo, el mensaje oficial permanece intacto. Tras múltiples reuniones con empresarios, el discurso es siempre el mismo: “Hay confianza” y “México va bien”.
Algo similar ocurre con las finanzas públicas. La semana pasada, la calificadora S&P colocó la deuda soberana de México en perspectiva negativa, citando la creciente fragilidad fiscal del país. La respuesta gubernamental fue afirmar que “la calificadora se equivocó”. Sin embargo, el deterioro estructural de las finanzas públicas es visible y no parece haber una respuesta seria del gobierno para enfrentarlo. Moody's, otra calificadora, muy probablemente reducirá la calificación en las próximas semanas.
En turismo, la historia se repite. Las cifras recientes de visitantes extranjeros vía aérea mostraron una caída de 7.5%, una de las peores contracciones fuera de eventos extraordinarios. Pero no solo fue marzo: el turismo aéreo —que genera más de 80% de las divisas del sector— lleva más de dos años estancado. Aun así, el gobierno insiste en afirmar que “México está de moda”, utilizando indicadores inflados que no reflejan la realidad del sector.
El caso de Pemex resulta todavía más ilustrativo. Durante años se ha repetido que “el rescate” de la empresa va en buena dirección. Pero los hechos cuentan otra historia: pérdidas multimillonarias, producción estancada, accidentes, derrames, adeudos a proveedores y ahora un “sorpresivo” relevo en la dirección general. La narrativa oficial insiste en que la petrolera avanza, aunque la evidencia diga lo contrario.
Finalmente, el caso de Sinaloa. Las acusaciones del gobierno estadounidense contra funcionarios del estado —incluyendo al gobernador— representan probablemente la crisis política más delicada del sexenio. Frente a ello, el gobierno responde con llamados a la soberanía, pese a que desde hace años existían señales evidentes de vínculos criminales del gobierno estatal con el narcotráfico.
Los problemas se acumulan, pero el gobierno insiste en minimizarlos. El riesgo de gobernar desde una narrativa que busca ocultar los problemas es que, tarde o temprano, la realidad termina por imponerse. El problema es que cuando ello ocurra, el costo para el país será mayor.
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