En la Ciudad de México una alcaldesa fue agredida mientras hacía su trabajo. Alessandra Rojo de la Vega y su equipo de trabajo encabezaban un operativo de ordenamiento de la vía pública —una facultad legal expresa de las alcaldías—, cuando personas vinculadas con la diputada de Morena Diana Sánchez Barrios los confrontaron y agredieron para frenar la acción de gobierno. No fue un debate, no fue una diferencia administrativa, fue una agresión directa contra una autoridad en funciones.
Y lo más grave vino después: el silencio.
No hubo una declaración de respaldo de la jefa de Gobierno, ni un mensaje firme de la presidenta de la República repudiando la agresión. Nada, ni una condena institucional contundente, como si no fuera relevante que una alcaldesa sea intimidada mientras ejerce la ley.
La sororidad no puede ser discurso de campaña y silencio cuando la víctima no milita en Morena. Resulta increíble que quien ha presumido hasta el cansancio que “llegábamos todas” sea incapaz de pronunciarse y condenar con claridad las agresiones contra una mujer que es autoridad y está cumpliendo con su obligación de ordenar la vía pública. Ese silencio calculado envía un mensaje peligroso: que la violencia es tolerable cuando la víctima no pertenece a su movimiento. El discurso de igualdad pierde toda fuerza cuando no se sostiene con hechos. Si la defensa de las mujeres depende de su filiación partidista, entonces no es convicción, es propaganda. La sororidad no puede ser eslogan; tiene que ser principio.
Además cuando grupos de presión intentan impedir un operativo oficial mediante confrontación y agresión, lo que está en juego no es una banqueta ni un puesto ambulante: es la autoridad del Estado. Aquí no se trata de partidos, se trata de Estado de derecho, de proteger a quien hace cumplir la ley. Si el Estado no respalda a sus autoridades, envía el mensaje de que la ley es negociable y la intimidación funciona.
La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿van a reaccionar sólo cuando haya una tragedia? México ya pagó un precio demasiado alto por no actuar a tiempo. Si a Carlos Manzo se le hubiera otorgado la protección necesaria cuando la solicitó, hoy estaría vivo. Esa lección debió bastar, debió haber marcado un antes y un después en la forma en que el gobierno federal atiende amenazas o agresiones que ponen en riesgo a autoridades.
La presidenta de la República sabe que en este país las amenazas no son retórica, que la violencia política es real, que cuando una autoridad es confrontada por hacer cumplir la ley sin respaldo institucional, el riesgo escala. Por eso el silencio es complicidad con los agresores. Minimizar o ignorar es abdicar a la responsabilidad de proteger, es normalizar la intimidación y la violencia como método político.
Es obligación del Estado proteger a todas las autoridades, sin importar su afiliación partidista y es su responsabilidad tomar medidas preventivas cuando existen señales claras de riesgo. Proteger a Alessandra y sancionar a sus agresores no es un favor político. Es menester garantizar que pueda ejercer sus funciones sin intimidaciones. Es una medida de prudencia básica en un país donde la violencia política ha cobrado demasiadas vidas. Defender su seguridad es defender la legalidad y esa es una responsabilidad, no una opción.
