Pablo Gómez, el encargado de elaborar la iniciativa de reforma electoral que enviará próximamente la presidenta Claudia Sheinbaum se lanzó contra el recién creado Frente Amplio Democrático porque entre los integrantes de la organización ciudadana están responsables, sostiene él, del Pemexgate y de Amigos de Fox.
Se refiere a Francisco Labastida y a Vicente Fox, candidatos presidenciales del PRI y del PAN en el 2000. El primero perdió la contienda y el segundo inauguró la alternancia de partido en la Presidencia de la República.
Gómez no se detiene a discutir sobre las preocupaciones de 500 ciudadanos que consideran que la democracia está en riesgo, y estos temores provienen, entre otras cosas, por lo que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiara ha señalado en las últimas semanas.
Debería llamarle la atención que sean justamente esas inquietudes las que hagan que converjan personalidades que en el pasado fueron adversarios.
Gómez para nada argumentará para objetar que estamos ante un escenario de consolidación autoritaria, porque sabe que es así. Se mantendrá señalando que quienes se oponen al gobierno “más democrático” del mundo son los que perdieron y van a perder privilegios, aunque la absoluta mayoría de los integrantes del FAD nunca hayan sido diputados plurinominales.
Gómez es un político experimentado y sabe las consecuencias que tendrá la reforma que está impulsando, ya que no es un error sino un cálculo.
Lo entiende, además, porque participó en buena parte de las negociaciones y acuerdos que consolidaron nuestro sistema democrático y por eso se ocupa de serruchar la escalera por la que ellos subieron al poder.
En cierto modo es un converso, ya que, en teoría, y al menos hasta 2017, cuando quedó consolidada la trasformación del Distrito Federal en Ciudad de México, era un decidido partidario de lo que ahora pretende desmontar.
Al referirse al Pemexgate y a los Amigos de Fox, conviene recordar que la autoridad que sancionó al PRI y al PAN fue el entonces IFE, con multas históricas de mil millones de pesos para los priistas y de 549 millones de pesos para los panistas.
Sí, el INE que ahora quieren debilitar y sujetar al Poder Ejecutivo.
En la historia hay cabos sueltos que explican la persistencia de ciertas fobias.
Quizá ahí está el meollo del asunto, y la resistencia a discutir e intercambiar puntos de vista con quienes piensan distinto.
