La bancada del PAN señala la inexistencia de permisos legislativos vigentes para el ingreso de la aeronave Lockheed Martin C-130J al Aeropuerto Internacional de Toluca
La bancada del PAN señala la inexistencia de permisos legislativos vigentes para el ingreso de la aeronave Lockheed Martin C-130J al Aeropuerto Internacional de Toluca

Paulina Rubio, diputada federal del PAN y vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, afirmó en entrevista para La Aurora de México, que el aterrizaje de un avión militar de los Estados Unidos en territorio nacional carece de respaldo legal por parte del Congreso de la Unión.
La legisladora sostuvo que "la presidenta miente cuando habla de este tema en la mañanera, porque, hay que revisar qué es lo que el Senado aprobó y cuándo lo aprobó", en referencia al decreto del 30 de septiembre de 2025 que limitaba los periodos de capacitación a fechas del año anterior.
Rubio argumentó que la operación constituye una vulneración a las facultades del Poder Legislativo y añadió: "qué lástima que se esté riendo en la cara de los senadores, porque ciertamente está quitándoles absolutamente la facultad que tienen como senadores para poder avalar y aprobar esto".
Una aeronave Lockheed Martin C-130J Super Hercules, con matrícula 08-5726, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca el sábado 17 de enero a las 14:46 horas tras despegar de la Base Militar Dyess en Abilene, Texas.
La unidad permaneció en la terminal mexiquense hasta la mañana del domingo 18 de enero, cuando emprendió su retorno hacia los Estados Unidos tras ser registrada por plataformas de monitoreo aeronáutico.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró en su conferencia matutina que el objetivo del vuelo fue el traslado de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para recibir capacitación técnica en territorio estadounidense.
Dijo que la operación no requirió la intervención del Senado de la República al tratarse de un transporte logístico de elementos nacionales y no de una incursión de tropas armadas extranjeras en suelo mexicano.
Kenia López Rabadán, en su calidad de presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, solicitó al gobierno federal transparentar los detalles técnicos y legales del evento conforme a los principios establecidos en la Constitución.
La legisladora señaló que este espacio deliberativo debe resolver sobre las iniciativas presentadas y demandó respuestas oficiales a interrogantes específicas. López Rabadán declaró textualmente: "Me parece que sí es necesario llamar a que se precise y a que se transparente exactamente ¿qué pasó? ¿quién entró? ¿cuándo entró? ¿por dónde entró? y ¿para qué entró?".
Asimismo, pidió aclarar si el aterrizaje guarda relación con el permiso que se recibió en la Comisión Permanente y que se encontraba en proceso de trámite en la cámara colegisladora, con el fin de otorgar certezas jurídicas y evitar interpretaciones externas sobre la seguridad del país.
El Gabinete de Seguridad y la Secretaría de la Defensa Nacional informaron que el aterrizaje se fundamentó en un convenio de cooperación binacional establecido en octubre de 2025.
El arribo de la unidad coincidió con una alerta de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos sobre riesgos en trayectos del Pacífico mexicano, difundida de forma paralela a declaraciones de la administración entrante de Donald Trump sobre posibles acciones operativas fuera de su frontera.
El gobierno mexicano calificó la actividad como una gestión técnica administrativa que concluyó sin reportes de irregularidades en los servicios de navegación aérea nacional, mientras el Senado mantiene en suspenso la resolución de nuevos permisos de capacitación militar.
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