México necesita acelerar forzosamente su tasa de crecimiento económico. Si durante décadas ha sido insuficiente, los últimos siete años han sido de vacas más que famélicas. Hoy, un crecimiento vigoroso, sostenido y sostenible debe convertirse en un objetivo compartido por el sector público, el privado y la sociedad en su conjunto.
En esa dirección, la presentación del Plan México (enero de 2025), su aterrizaje en el Plan Nacional de Infraestructura y ahora el Plan de Inversión 2026-2030 por 5.6 billones de pesos —con 54% destinado a energía— constituyen un paso relevante. Sin embargo, hay una pregunta obligada: ¿es suficiente? No.
Por dos razones fundamentales.
La primera es institucional. El entorno interno ha cambiado drásticamente. Las nuevas reglas del juego requieren tiempo, consistencia y políticas públicas congruentes para reconstruir confianza. La inversión —especialmente la de largo plazo— depende menos de anuncios y más de certidumbre jurídica, estabilidad en la regulación y un Estado de derecho funcional y creíble. No es casual que México se ubique en posiciones rezagadas en los indicadores internacionales de Estado de derecho, lo cual incide directamente en la percepción de riesgo.
La segunda razón es técnica: se requiere reconstruir una capacidad sólida y rigurosa de evaluación de proyectos ex ante y ex post. Como bien señala Javier Gala Palacios, un sistema moderno de inversión pública debe identificar, formular, evaluar, aprobar, ejecutar y monitorear cada proyecto con el objetivo de maximizar el rendimiento social de cada peso invertido. No se trata sólo de gastar más, sino de gastar mejor.
El artículo 134 constitucional obliga a la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el ejercicio del gasto público. Sin embargo, históricamente México ha enfrentado dos limitaciones: (1) concentrar inversión pública en sectores donde el mercado podría participar con mayor facilidad, desplazando recursos de funciones indelegables del Estado, y (2) elaborar estudios de factibilidad y rentabilidad social con debilidades técnicas, en ocasiones “a modo”, que no filtran proyectos de baja rentabilidad.
El desafío se agrava en el sector energético. Aunque 54% del nuevo programa se destina a este rubro, las restricciones derivadas de la contrarreforma eléctrica —que obliga a que la empresa estatal mantenga al menos 54% de la generación— elevan la complejidad. La generación eléctrica requiere largos periodos de planeación, ingeniería, construcción y recuperación de capital. Sin reglas claras y estabilidad institucional, el costo de capital aumenta y los proyectos se postergan o encarecen.
Adicionalmente, la reciente transformación del Poder Judicial —con la elección popular de jueces y magistrados— introduce incertidumbre adicional. Cuando la resolución de controversias se percibe menos técnica y más política, se elevan los costos de transacción. Las grandes empresas pueden recurrir a arbitrajes o mecanismos privados; las pequeñas y medianas no. El efecto es regresivo y afecta la inversión productiva.
La evidencia internacional es clara: no basta con ofrecer incentivos fiscales o simplificar trámites. Las dos restricciones más severas a la inversión privada en México siguen siendo la inseguridad y la debilidad del Estado de derecho. Sin resolverlas, el multiplicador de la inversión pública será limitado.
Al margen
Aspirar a que la inversión alcance 25% del PIB es deseable, pero se requiere una visión estratégica que delimite dónde el Estado debe invertir directamente —seguridad, justicia, infraestructura básica— y dónde debe fungir como regulador eficaz, para dirigir los recursos escasos a impulsar la productividad. Las camisas de fuerza constitucionales a nombre de la soberanía para crear monopolios energéticos, por falta de espacio fiscal, acaban buscando a la participación privada. Se crearon IPP’s, luego pidiregas; hoy le damos la bienvenida a las inversiones mixtas que requerirán reglas claras y factibles.
