Con una votación fragmentada, los resultados colocan a Keiko Fujimori, al frente con 16.6%; le siguen Roberto Sánchez con 12.1% y Ricardo Belmont con 11.8%.
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Con una votación fragmentada, los resultados colocan a Keiko Fujimori, al frente con 16.6%; le siguen Roberto Sánchez con 12.1% y Ricardo Belmont con 11.8%.
La elección que debía marcar el rumbo político de Perú terminó por exhibir, desde sus primeras horas, una crisis de organización que trastocó el derecho más básico de la democracia: votar. La jornada de este domingo, correspondiente a las Elecciones Generales 2026, no solo estuvo marcada por una contienda fragmentada y sin mayorías claras, sino por un cúmulo de fallas logísticas que dejaron a miles de ciudadanos fuera de las urnas y encendieron alertas sobre la capacidad del sistema electoral.
En paralelo al desorden operativo, los primeros datos de intención de voto confirmaron la dispersión extrema del electorado. Ningún candidato logra despegar con claridad, lo que anticipa una segunda vuelta altamente disputada.
El flash electoral de Ipsos, difundido por medios peruanos, coloca a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, al frente con 16.6%. Le siguen Roberto Sánchez con 12.1% y Ricardo Belmont con 11.8%. Más atrás aparece Rafael López Aliaga con 11%.
Otro sondeo, de Datum Internacional, confirma la tendencia aunque con variaciones: Fujimori obtiene 16.5%, mientras López Aliaga sube a 12.8%. Jorge Nieto alcanza 11.6% y Belmont se ubica en 10.5%.
Las cifras dibujan un escenario sin liderazgos contundentes. Fujimori, pese a encabezar las preferencias, lo hace con un porcentaje que refleja más debilidad estructural que fortaleza política. El resto de los candidatos se agrupa en una franja estrecha, lo que convierte la definición del segundo lugar en un proceso incierto que dependerá de décimas.
El propio jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, salió a reconocer que el proceso había fallado. A media jornada, ofreció disculpas públicas, especialmente a los electores de la zona sur y oeste de Lima Metropolitana, donde el retraso en la instalación de mesas se volvió crítico.
La escena se repitió en distritos como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac, en donde las filas interminables, ciudadanos esperando por horas bajo el sol, y centros de votación que simplemente no abrían. La causa, según la propia autoridad electoral, fue la tardía distribución de planillas, equipos informáticos y materiales indispensables para la operación de las mesas.
El saldo fue de 211 mesas de sufragio que no se instalaron y más de 63 mil electores que quedaron, en la práctica, excluidos del proceso. En un país donde el voto es obligatorio, la omisión no es menor, ya que implica sanciones potenciales para ciudadanos que, en muchos casos, sí acudieron, pero no pudieron ejercer su derecho.
La crisis logística no solo afectó la participación; también golpeó la percepción de legitimidad. Analistas y observadores electorales han advertido que la incapacidad para garantizar condiciones mínimas de votación erosiona la confianza en las instituciones y alimenta narrativas de fraude o manipulación, particularmente en un contexto político ya polarizado.
El hecho de que Fujimori —hija del exmandatario Alberto Fujimori— encabece la contienda revive viejas divisiones en la sociedad peruana. Su figura, asociada tanto a estabilidad económica como a autoritarismo y corrupción, polariza a un electorado que, sin embargo, no encuentra alternativas sólidas.
Este vacío de representación se refleja en la atomización del voto, pero también en el clima de frustración que se vivió durante la jornada electoral. Para muchos ciudadanos, las fallas logísticas no fueron un incidente aislado, sino la confirmación de un Estado incapaz de garantizar procesos básicos.
Si bien hasta ahora no hay evidencia sistemática de fraude, el desorden abre la puerta a cuestionamientos más profundos. La imposibilidad de votar para decenas de miles de personas, concentradas en zonas específicas, podría convertirse en un factor de impugnación política, especialmente si los resultados finales se definen por márgenes estrechos.
Organismos de observación electoral y voces académicas han subrayado que la legitimidad de una elección no solo depende de la limpieza del conteo, sino de la equidad en el acceso al voto. En ese sentido, lo ocurrido en Lima Metropolitana representa un punto crítico.
El Perú llega a esta elección tras años de inestabilidad política, con presidentes destituidos, crisis institucionales recurrentes y una ciudadanía cada vez más desconfiada. Lo ocurrido este domingo no hace sino profundizar esa grieta.
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