El reciente desenlace legislativo del llamado plan B en materia electoral deja una lectura que va más allá del resultado inmediato. Lo que ocurrió en el Senado no solo modificó una iniciativa, exhibió las tensiones de fondo sobre cómo se toman decisiones que impactan directamente la vida democrática del país.
Es cierto que se eliminaron componentes particularmente delicados, como la posibilidad de adelantar la revocación de mandato y vincularla al proceso electoral de 2027. Esa corrección evita un riesgo mayor: el de introducir incentivos que desdibujen la equidad en la competencia política. Sin embargo, el hecho de que esa propuesta haya estado sobre la mesa no es menor. Habla de una lógica que debe analizarse con seriedad.
Aun con esos ajustes, el conjunto de la reforma mantiene elementos que generan cuestionamientos legítimos. Entre ellos, la intención de imponer criterios homogéneos a realidades locales profundamente distintas, particularmente en la integración y funcionamiento de ayuntamientos y congresos estatales. El problema de fondo es de principio: el federalismo no se decreta, se respeta.
México ha construido su sistema democrático a partir de una evolución constante. No ha sido un proceso lineal ni exento de conflictos, pero sí ha tenido un rasgo distintivo: la búsqueda de acuerdos que permitan que las reglas sean aceptadas por quienes compiten bajo ellas. Cuando ese principio se debilita, también lo hace la legitimidad del sistema.
Lo ocurrido en esta reforma rompe, en buena medida, con esa lógica. No por su existencia en sí misma, toda norma es perfectible, sino por la forma en que se impulsa y por el contexto en el que se plantea. Hoy, el país enfrenta desafíos que demandan concentración y visión estratégica: seguridad, crecimiento económico, fortalecimiento institucional y condiciones para atraer inversión en un entorno global cada vez más competido.
En ese escenario, abrir un debate que polariza y que no atiende las prioridades más urgentes implica un costo de oportunidad que no puede ignorarse. Cada discusión pública desplaza atención, energía política y capacidad de acción. Y hoy, México necesita enfocarse en resolver lo que sí impacta de manera directa en la vida de las personas.
Por eso, el balance del plan B no puede limitarse a lo que se eliminó o a lo que se aprobó. Debe incluir una reflexión más amplia sobre las prioridades nacionales. La democracia no se fortalece únicamente modificando leyes, se consolida cuando las instituciones generan confianza y cuando las decisiones públicas responden a una visión de largo plazo.
Desde el sector empresarial hemos sostenido una postura clara: la mejor reforma electoral es que no haya una reforma electoral en este momento. No se trata de cerrar la puerta al cambio, sino de reconocer que hoy México necesita estabilidad institucional para enfrentar sus retos.
La certeza jurídica, la seguridad, la energía suficiente y el fortalecimiento del Estado de derecho son condiciones indispensables para que las empresas inviertan, crezcan y generen empleo. La discusión electoral, en este momento, no contribuye a ese objetivo.
El país tiene por delante una oportunidad relevante en el contexto internacional, particularmente en la integración económica de América del Norte. Aprovecharla depende, en gran medida, de la confianza que logremos generar como país. Y la confianza no se construye con cambios constantes en las reglas, sino con consistencia en su aplicación.
Lo que México requiere hoy es claridad de prioridades. Menos dispersión y más enfoque. Menos confrontación y más acuerdos.
Porque al final, la fortaleza de una democracia no se mide por la cantidad de reformas que acumula, sino por la estabilidad que es capaz de ofrecer.
#OpiniónCoparmex
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