En el imaginario colectivo del siglo XIX, ninguna sombra fue tan alargada como la de Los Plateados. Este grupo criminal, que sembró el terror en el actual estado de Morelos, no sólo destacaba por su brutalidad en el robo, el secuestro y la extorsión, sino por una estética de la opulencia: trajes de charro y sillas de montar cuajadas de plata, trofeos de sus constantes saqueos. Esta figura del bandido romántico pero sanguinario quedó inmortalizada en la literatura por Ignacio Manuel Altamirano en El Zarco (1997), donde retrata con precisión cómo estos grupos operaban con total impunidad, desafiando la frágil estructura del Estado mexicano. Por ejemplo:
“Lo cierto era que no se trataba ahora de combatir a cuadrillas de pocos y medrosos ladrones como aquéllos a quienes se había perseguido en otro tiempo, sino a verdaderas legiones de quinientos, mil y dos mil hombres que podían reunirse en un momento, que tenían la mejor caballada y el mejor armamento del país, que conocían éste hasta en sus más recónditos vericuetos; que contaban en las haciendas, en las aldeas, en las poblaciones, con numerosos agentes y emisarios reclutados por el interés o por el miedo, pero que les servían fielmente […]”
Los Plateados no eran simples asaltantes de caminos; eran una organización con inteligencia territorial. Su centro de operaciones, la hacienda de Xochimancas, funcionaba como un cuartel inexpugnable. Sin embargo, su verdadera fortaleza residía en la zona gris de la política. Como bien señala el historiador Paul Vanderwood (1981), en Desorden y progreso: bandidos, policías y desarrollo mexicano, “la línea entre la policía y los bandidos era casi inexistente”.
Muchos de estos criminales eran exsoldados de las guerras civiles con formación táctica, protegidos por una red de jueces, comerciantes y autoridades locales. Incluso el gobierno de Benito Juárez enfrentó duras críticas por su aparente parálisis ante ellos; en la práctica, Los Plateados servían como un "brazo armado informal" que contenía a las facciones conservadoras en la región.
Este escenario resuena con fuerza en el México contemporáneo. El paralelismo entre la administración juarista y la política de "abrazos, no balazos" del obradorismo es inevitable: en ambos periodos, la reticencia del Ejecutivo federal a emplear la fuerza estatal contra grupos criminales específicos generó zonas de impunidad donde la autoridad y el crimen se mezclaron, echando raíces en la estructura social.
La relación entre el crimen y la gobernanza fue fundacional en Morelos. Durante el proceso de creación del estado, el primer gobernador, Francisco Leyva, mantuvo una alianza estratégica con Salomé Plascencia, uno de los líderes más astutos de Los Plateados. Según el historiador Carlos Barreto (2007), esta no era una "amistad criminal" convencional, sino una necesidad de la cultura política de la época: un gobierno central débil obligaba a los líderes regionales a negociar con quienes ostentaban el control real de las armas para garantizar la estabilidad territorial.
Al comparar el pasado con el presente, la evolución del crimen organizado en México resulta alarmante. Ya no se trata sólo de integrar al bandido a la policía, sino de una sustitución total: los grupos criminales hoy instalan a sus propios cuadros en los municipios. La extorsión ha dejado de ser un asalto en el camino para convertirse en un trámite burocrático. Casos recientes ilustran esta metamorfosis: en Tabasco, la organización conocida como La Barredora se gestó, según reportes, desde la propia estructura de seguridad bajo la anuencia del entonces gobernador Adán Augusto López. Por otro lado, el arresto de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, reveló una "aduana criminal" donde el ayuntamiento perfeccionó un sistema de "protección competitiva" para blindar sus operaciones frente a otros grupos. En este esquema, la seguridad de empresas emblemáticas como Casa Cuervo no dependía del Estado de derecho, sino del pago de peajes políticos camuflados como inspecciones técnicas o clausuras arbitrarias.
La extorsión moderna ha cambiado el caballo por la camioneta blindada y el fusil por el sello oficial. El "moche" actual es, en esencia, un impuesto a la inversión que opera bajo la máscara de la ley. La estructura de Los Plateados sigue viva, sólo cambió la silla de montar por el escritorio de la oficina pública. La extorsión institucionalizada no necesita armas largas en la calle, basta con el sello del alcalde.
