El problema de fondo entre México y Estados Unidos es político en el sentido más estricto del término. No es solo diplomático, comercial o de seguridad, aunque en los hechos se manifieste en esas dimensiones. El choque de las últimas semanas no enfrenta a dos modelos de economía o de seguridad, sino a dos populismos.
Por un lado, el de Trump: nacionalista, transaccional, punitivo, convencido de que toda relación internacional debe traducirse en ganancia inmediata para Estados Unidos. Por el otro, el mexicano: soberanista, victimista, plebiscitario, convencido de que toda crítica externa es parte de una conspiración contra el pueblo bueno. Ambos necesitan enemigos para validarse. Trump los encuentra en los migrantes, los cárteles, China, los jueces y las élites globalistas. El oficialismo mexicano, en la oposición, los medios, los empresarios críticos, los organismos autónomos y las voces extranjeras que cuestionan su deriva.
La mecánica es la misma: simplificar lo complejo, moralizar el conflicto, dividir entre leales y traidores. La diferencia es el poder. Trump tiene detrás el mercado más importante del mundo, el dólar y el aparato militar. México, por incómodo que sea leerlo, no. De esa asimetría nacen tres riesgos que van en ascenso.
El primero es externo. Para Trump, México es el escenario perfecto de una política exterior de campaña: frontera, fentanilo, cárteles, migración, empleos industriales. Todo cabe en una frase corta y brutal. Designar a los cárteles como amenaza a la seguridad nacional no solo cambia el lenguaje jurídico de Washington, también cambia el marco político. Y esa presión, paradójicamente, le sirve al oficialismo. Le permite presentar cualquier exigencia —seguridad, extradiciones, energía, Estado de derecho— como agresión imperial. Lejos de debilitarlo, le da el pretexto para endurecerse.
El segundo riesgo está en el T-MEC. En condiciones normales, una revisión comercial sería técnica: reglas de origen, acero, autos, contenido regional, controversias. Pero entre dos populismos, el tratado deja de ser una negociación económica y se vuelve un instrumento de coerción. Trump usa los aranceles como garrote electoral; México responde con soberanía teatral, aunque su economía dependa del acceso al mercado estadounidense. El resultado no sería una ruptura limpia, sino incertidumbre prolongada, inversión detenida y empresas que calculan riesgo político antes que eficiencia.
Y aquí conviene nombrar la trampa: cuando dos populismos se alimentan mutuamente, cada gesto del otro confirma el propio relato. Trump necesita un México culpable para mostrar fuerza; el oficialismo necesita un Trump agresor para cerrar filas. Esa espiral no se queda en la frontera. Desemboca en el tercer riesgo, el más grave, porque es el único que no depende de Trump.
Los dos primeros vienen de fuera y son reversibles; cambian con una elección, una mesa de negociación, un ciclo económico. El tercero lo construimos nosotros, y se queda. Cuando un país enfrenta una amenaza externa —real o magnificada—, el poder reclama facultades extraordinarias. Lo que vuelve peligroso nuestro caso es el punto de partida. México llega con las instituciones que debían contener ese impulso ya desmontadas: jueces electos en vez de independientes, organismos autónomos capturados, vigilancia en expansión, herramientas fiscales discrecionales, prensa bajo presión. El populismo mexicano es ya un populismo policiaco.
Por eso la confrontación con Trump no solo es un riesgo de política exterior sino una oportunidad de política interior. Cada arancel, cada amenaza, puede traducirse hacia adentro como prueba de que el país está sitiado.
El tercer riesgo debería quitarnos el sueño. La mayor amenaza para las libertades del mexicano no es lo que Trump le haga a México, sino lo que el gobierno mexicano se autorice a sí mismo en nombre de defenderse de él. Ese sería el paso del populismo policial al populismo de excepción.
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