Concluyó la 79 Convención Bancaria, el principal encuentro anual que reúne a las instituciones financieras y autoridades económicas de México. Como en cada edición, el evento sirvió para tomar el pulso al sistema financiero. En esta ocasión, destacó un mensaje particularmente claro y reiterado por parte del gobierno: la banca debe prestar más.
Todos los miembros del gabinete económico -Hacienda, CNBV, Nafin, CADERR- coincidieron en un mismo diagnóstico: México presenta niveles de penetración crediticia significativamente bajos frente a economías comparables. La presidenta hizo un llamado explícito a la banca para ampliar el crédito, especialmente en el contexto de los dos grandes ejes de su administración: el Plan México y su Plan de Infraestructura (con una nueva ley presentada la semana pasada al Congreso).
Las cifras, en principio, respaldan el planteamiento. En México, el crédito al sector privado no supera 40% del PIB, muy por debajo de países como Chile, donde rebasa 100%; Brasil, con cerca de 75%, o incluso Costa Rica, con más de 50%. En promedio, América Latina se ubica alrededor de 50%. Desde esta perspectiva, el rezago mexicano es real. El llamado, además, resulta comprensible en un contexto de bajo dinamismo económico. Tras un primer año de gobierno con crecimiento modesto, el crédito aparece como una palanca natural para revigorizar la inversión y el consumo.
El problema, sin embargo, es que el crédito no responde a exhortos. El crédito no es una variable que dependa de la voluntad de los banqueros reunidos en Cancún, sino el resultado de condiciones de oferta y demanda, marcado por el entorno institucional existente. Del lado de la demanda, existen limitantes importantes: una elevada informalidad que impide que millones se sumen al sistema financiero, desconfianza hacia el sistema financiero, ingresos modestos que limitan el potencial de endeudamiento y una baja cultura financiera. Las empresas pequeñas en el país -la mayoría- carecen de historial crediticio y garantías suficientes para acceder al financiamiento.
Por el lado de la oferta, los bancos enfrentan riesgos elevados derivados de un sistema judicial lento e incierto para la ejecución de garantías, altos costos de originación de crédito y una regulación prudencial que, aunque robusta y necesaria, incentiva prácticas crediticias conservadoras. A esto hay que sumar la reciente reforma judicial que inevitablemente politizará el sistema, con consecuencias aún por cuantificarse, además de una alta concentración del sistema bancario.
En el fondo, el problema es institucional. La debilidad del Estado de derecho, la informalidad estructural y la baja productividad limitan el desarrollo del crédito mucho más que la buena disposición de la banca. Mientras estas barreras persistan, el crédito en México difícilmente alcanzará niveles comparables al de otras economías.
Pedir que la banca preste más es una bonita consigna política de coyuntura. Construir condiciones que hagan viable hacerlo realidad requiere una visión de mediano y largo plazo que hoy brilla por su ausencia.
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