Cualquiera que haya hecho política real, es decir más allá del post, sabe muy bien que una variable crucial tiene que ver con los incentivos: cuáles son, cómo se alinean y cómo se usan.
Dicho esto ¿cuáles son los incentivos que podrían mover a los partidos aliados de Morena, PT y Verde, para votar en un sentido u otro la iniciativa de reforma electoral que quieren Obrador y Sheinbaum? Si es a favor, sería porque eventualmente se hicieran cambios y ajustes al texto que se desea imponer, con lo cual podrán preservar financiamiento público (que en 2025 fue de 700 millones de pesos y de 866 mdp, respectivamente), posiciones legislativas y otras ganancias, o porque sientan el aliento de la FGR, SAT, UIF o de la embajada americana detrás de la nuca.
Si optan por rechazarla, no será por razones ideológicas sino por algo más ordinario: el incentivo reside en preservar el patrimonio mayúsculo que sus líderes han acumulado y el acceso a los negocios con que se han enriquecido por décadas a través de alianzas non sanctas, votos obscenos y traiciones políticas.
Por ejemplo, el PT ha “manejado” por años guarderías en varias partes del país. En Nuevo León, donde surgieron en 1990, tienen 13 establecimientos a nombre del “Frente Popular Tierra y Libertad” que, bajo la extraña figura de ser “instituciones de la Secretaría de Educación” del estado con “sostenimiento federal transferido” (el cual representa unos 300 millones anuales), dicho partido controla mediante un intrincado mecanismo presupuestal. O sea, son estancias públicas que el PT maneja como negocio privado de manera libérrima y que los gobiernos estatales defienden a capa y espada básicamente por su complicidad con el PT.
A lo anterior se suman invasiones ilegales de tierra en situación irregular, sin servicios ni títulos de propiedad, que opera el PT en estados como Durango, Zacatecas y Aguascalientes a los que moviliza a gente muy pobre, en las condiciones más miserables, bajo la promesa de que allí tendrán casa. Acto seguido presionan a las autoridades estatales para ir regularizando las invasiones.
De todo lo anterior surgió, en octubre de 2017, una orden de captura de un juez federal en contra de la esposa del jefe mayor del PT y del dirigente en Aguascalientes por presunto lavado de dinero; en este último caso, fue como presunto responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 100 millones de pesos entre 2012 y 2017, que fueron desviados a cuentas particulares cuando su destino era teóricamente para las guarderías.
Tras la victoria de Obrador, en septiembre de 2018, la entonces PGR retiró la imputación y los cargos por “falta de elementos”.
Por su parte, es mucho más visible el caso del Verde. Según información pública, “una parte significativa del financiamiento que maneja ha ido a la compra de artículos promocionales (como mochilas) concentrados en pocas empresas, las cuales recibieron cientos de millones de pesos en contratos entre 2019 y 2023”.
En la misma línea presuntamente han realizado negocios inmobiliarios, turísticos y de otro tipo en Quintana Roo, que llevaron a la caída del secretario del Verde en el estado, donde la UIF le bloqueó sus cuentas así como las de 79 personas físicas y morales más por “blanquear recursos provenientes de actividades ilícitas” (https://elpais.com/mexico/2021-02-12/un-escandalo-de-corrupcion-en-el-partido-verde-sacude-la-precampana-electoral.html). Y en estados que han gobernado, organizaciones civiles (MCCI) han denunciado operaciones simuladas con empresas fantasma para desviar recursos.
En síntesis, ambos partidos se enfrentan a una complicadísima disyuntiva que no es, evidentemente, de carácter ético o moral ni nada parecido. Quizá seguirán, más bien, el consejo de Horacio, el poeta romano: “consigue dinero, ante todo; la virtud vendrá después”.
