Ocupado como está en asuntos tan coloridos como rifar una entrada para el Mundial o redescubrir el valor proteínico del frijol, el gobierno de la señora Sheinbaum no ha tenido tiempo de pensar con seriedad y responsabilidad en algunos problemillas críticos que ya nos alcanzaron, entre ellos qué hacer con la creciente población de adultos mayores.
En México hay casi 15 millones de personas de 65 años y más que representan el 11.2% de la población total y suman 4 millones más desde 2018. Es decir, el país ya ingresó en el horizonte imparable del envejecimiento sin estar preparado para afrontarlo. Estos números, sumados a los aumentos en la esperanza de vida promedio, pintan un panorama muy complejo de abordar y ni el gobierno ni sus agencias públicas dan señales al respecto.
Hay al menos tres vertientes en este desafío. Una, la mejor calibrada por especialistas como Carlos Ramírez F. o Santiago Levy, es la delicada situación del sistema de pensiones o, dicho de otra forma, si en las circunstancias actuales alcanzarán los fondos, contribuciones y reservas actuariales para cubrir las necesidades y cuidados de esos millones de viejitos. La respuesta es claramente negativa. En el bimestre enero-febrero, el gasto en pensiones pasó de 7.9 por ciento del gasto programable en 1995 a 28.2 en 2026. Y Levy calcula que para mantener el gasto en salud y en pensiones para los de 65 y más serán necesarios 2 puntos y 2.5 puntos más del PIB, respectivamente, en los próximos 20 años. La disyuntiva es cruel: ¿habrá dinero para votos o para viejos?
La segunda tiene que ver con indagar si el sistema de salud pública y privada del país está suficientemente dotado para encarar el fenómeno en términos de acceso, financiamiento, instalaciones, equipamiento y personal especializado para atender a este grupo que, de acuerdo con la OCDE, representará una cuarta parte de la población total en 2050. Los datos son imprecisos o dispersos, pero según algunas fuentes especializadas (Conacem, Consejo e Instituto de Geriatría) el envejecimiento, por ejemplo, ha sido inversamente proporcional a la disponibilidad de geriatras, de los que hay al parecer entre 840 y mil 300 en todo el país.
Y la tercera tiene que ver con el componente psíquico y emocional, lo que por definición es menos medible con precisión, pero igual de importante pues, además de patologías y enfermedades, tienen que considerar aspectos como el abandono, la depresión, la pobreza o la soledad, todo lo cual, a su vez, interactúa (somatiza, dicen los que saben) con el estado físico de este grupo etario. En otras palabras, puede desembocar en un círculo virtuoso o un círculo vicioso.
Por ejemplo, un estudio de las National Academies of Sciences, Engineering and Medicine de Estados Unidos encontró que el aislamiento social y la soledad no deseada son “riesgos para la salud pública”, pero no son tomados suficientemente en cuenta en la misma medida que su gravedad lo requeriría, ni las causas que los detonan como los duelos, la jubilación y las disminuciones motrices.
Se trata, en síntesis, de un problema con múltiples facetas, con enormes costos sociales, económicos, emocionales y de salud física no solo sobre esas personas mayores sino también para sus entornos familiares. Pero si estas razones no fueran suficientes para urgir una política eficaz e inteligente en la materia (a veces ocurren los milagros), hay también una obligación ética para evitar, usando la metáfora de Philip Roth en Elegía, que la vejez se convierta en “una masacre”. Ya veremos.
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