Las cifras más recientes confirman que 2025 fue un mal año para la inversión en México. En el agregado, la inversión cayó 7%, con una reducción de 5% en la parte privada y de 20% en su componente público. A su interior, destacan las caídas de 9% en maquinaria y 6% en construcción. A tasa anual, la inversión suma 15 meses en terreno negativo, una de las rachas más largas de la serie que data desde 1993.
Resulta indispensable indagar las razones de esta disminución ya que la inversión es el corazón de la economía: sin inversión, no hay empleo y, sin empleo, no hay consumo ni crecimiento. Más aún, de manera simultánea, el gobierno se encuentra en una cruzada para elevar la inversión en el país, con metas muy ambiciosas para los siguientes años (la meta del Plan México es alcanzar una razón inversión/PIB de 25%, casi tres puntos porcentuales por debajo de la del cierre de 2025).
Resultan evidentes las razones del porqué la inversión está detenida en México. Y no, no son factores externos lo que lo explica. Prueba de ello es que el punto más alto del índice de la inversión fija bruta se alcanzó en julio de 2024, un mes después de las elecciones presidenciales de ese año. Dos meses después, el Congreso de la Unión iniciaría con el mayor ciclo reformista legislativo de la historia reciente del país: 22 reformas constitucionales y casi 50 reformas secundarias. Más allá de las motivaciones políticas que condujeron a este frenesí reformista, desde la óptica estrictamente empresarial, de un día para otro, cambiaron las reglas del juego en el país. Se reformó el Poder Judicial, desaparecieron los órganos autónomos, cambiaron las reglas en materia energética y telecomunicaciones, se debilitó la figura del amparo, entre muchos otros cambios.
En todo caso lo sorprendente es que la inversión privada no haya caído más, lo que sugiere, implícitamente, que hay una reserva de inversión relevante que desearía poder ampliar su capacidad productiva pero que no encuentra las condiciones de certidumbre necesaria para hacerlo.
Las empresas e inversionistas invierten para crecer, ampliar su tamaño y obtener mayores beneficios. Pero para arriesgar su capital, se requiere certeza de que el entorno legal, regulatorio, de seguridad, macroeconómico será el adecuado, de que las reglas del juego serán predecibles y duraderas. Mientras el gobierno no reconozca con claridad que la caída de la inversión en 2025 fue producto de sus decisiones, simple y llanamente no habrá recuperación.
En las últimas semanas se aprecian esfuerzos gubernamentales por buscar dar vuelta a la página: invitaciones a participar en proyectos de inversión mixtos, anuncios relevantes en materia de infraestructura y reuniones con sectores económicos clave. Es una buena noticia que el gobierno esté genuinamente preocupado por el bajo crecimiento económico. Pero este esfuerzo ocurre al mismo tiempo en que el gobierno promueve una reforma electoral que amenaza la equidad electoral de los próximos años, al tiempo de que el Sistema de Administración Tributaria recurre a tácticas abusivas para el cobro de impuestos y ocurre al mismo tiempo que el gobierno anuncia nuevas reformas en diversos frentes que impactarán, de una u otra forma, al sector privado.
En conclusión, la recuperación de la inversión ocurrirá cuando el gobierno ponga fin a la ambivalencia de buscar elevar la inversión en el país, al tiempo que disloca, con sus decisiones, el ecosistema empresarial en el que coexisten millones de empresas.
