Datos oficiales de seguridad, de colectivos de buscadores, de organismos empresariales y sectores productivos, evidencian una crisis estructural en Sinaloa
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Datos oficiales de seguridad, de colectivos de buscadores, de organismos empresariales y sectores productivos, evidencian una crisis estructural en Sinaloa
La estela que deja Rubén Rocha en Sinaloa como gobernador de Sinaloa, ahora con licencia se puede ilustrar en cifras oficiales evidentes que van desde 5 mil homicidios, más de 3 mil familias desplazadas, más de 3 mil desaparecidos y casi 5 mil establecimientos desaparecidos a consecuencia del crimen.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2021 y 2025 se acumulan más de cinco mil víctimas de homicidio doloso en la entidad, lo que mantiene a Sinaloa dentro de los estados con mayor incidencia en este delito en distintos periodos mensuales.
En materia de desapariciones, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta un incremento sostenido desde 2022. Las cifras oficiales son dinámicas y se actualizan de forma permanente, pero coinciden con estimaciones de colectivos de búsqueda que ubican el número de personas desaparecidas en miles de casos recientes.
El dato de 3 mil 688 desapariciones en un periodo de 20 meses se encuentra dentro de los rangos documentados por organizaciones civiles, aunque no corresponde a un corte único oficial consolidado.
La violencia también alcanza a sectores específicos de la población. Registros del propio Secretariado y de fiscalías estatales muestran que los homicidios de mujeres y de menores de edad forman parte de la incidencia delictiva, aunque las cifras agregadas suelen variar según la metodología. El dato de 174 mujeres asesinadas integra homicidio doloso y feminicidio, mientras que los casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de homicidio o desaparición se construyen a partir de reportes locales y bases no homologadas a nivel nacional.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha registrado eventos de desplazamiento forzado en comunidades de la zona serrana y municipios con presencia de grupos armados. La estimación de alrededor de tres mil familias desplazadas corresponde a recuentos acumulados de organizaciones civiles y reportes regionales, ante la ausencia de un padrón oficial integral.
En delitos patrimoniales, el robo de vehículos muestra niveles consistentes con la actividad delictiva. Datos del Secretariado Ejecutivo permiten ubicar más de nueve mil unidades robadas en un periodo de 20 mese. Este delito se vincula de forma recurrente con la operación de grupos criminales en distintas zonas del estado.
El impacto económico es grave, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social documenta variaciones en el empleo formal, con periodos de caída en sectores específicos. Se estima a la fecha más de 30 mil empleos perdidos, debido a cierres de unidades económicas y contracción en actividades productivas.
Cámaras empresariales como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio han reportado el cierre de 4 mil 569 establecimientos, en su mayoría por el impacto del delito de extorsión que aplican los grupos del crimen organizado.
Además, de acuerdo con estimaciones de organismos empresariales y análisis regionales que consideran pérdidas en inversión, comercio y empleo, se calcula un daño económico cercano a los 70 mil millones de pesos debido a la obligación de las empresas de reubicación por el crimen, el cierre de negocios, la aplicación de sistemas de seguridad más amplios y caída de empleos por horarios recortados.
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