El Estado no sólo emite leyes o monopoliza el uso de la fuerza; es, ante todo, un gran productor de relatos. Ricardo Piglia afirmaba que no se puede gobernar sin construir ficciones, mientras que Yuval Noah Harari advierte que éstas no son ilusiones inocuas, sino dispositivos de poder. Para gobernar, el sistema necesita erigir una narrativa que genere creencia y fabrique consensos.
En este teatro de sombras, la elevación a rango constitucional de la prisión preventiva oficiosa (PPO), mediante la reforma al artículo 19, diseñó la institucionalización de una mentira de Estado. La PPO funciona como el recurso narrativo perfecto: ante la incapacidad de probar un hecho (la verdad), el sistema produce un culpable (la ficción) y lo mantiene confinado mientras se ensaya el resto de la historia. Casos como los de Murillo Karam, Rosario Robles o la sentencia de la Corte IDH por el caso García Rodríguez y Reyes Alpízar, demuestran que la prisión anticipada es la herramienta predilecta para simular eficacia.
Sin embargo, la trama se vuelve cínica ante el caso de Rubén Rocha Moya. Resulta una paradoja hiriente que, mientras miles de mexicanos languidecen sin sentencia bajo la PPO, el Estado mexicano reclame a EU un expediente impecable para apenas cuestionar al gobernador de Sinaloa. El caso Rocha Moya desnuda que, en México, la presunción de inocencia ha dejado de ser un derecho humano para convertirse en un privilegio de la élite morenista.
Especialistas, como los del Observatorio Ciudadano de Sinaloa, advierten este fenómeno de selectividad: la PPO se aplica como guillotina automática a los "chivos expiatorios", mientras los grandes generadores de violencia eluden la automaticidad del artículo 19 mediante defensas que reclasifican sus delitos.
Habitamos una justicia de dos velocidades: una que encarcela para investigar —la de los ciudadanos sin nombre— y otra que investiga para no encarcelar —la del poder—. Esta hipocresía erosiona la fe institucional. Si la presunción de inocencia sólo se activa cuando el acusado es una pieza clave en el tablero político, no estamos ante un Estado de derecho, sino ante una farsa mediocre. El Estado, incapaz de encontrar la verdad, opta por "encarcelar el relato" para simular una justicia que, en las altas esferas, es pura impunidad.
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