El 24 de agosto, Vladimir Putin firmó el Decreto 604. La norma permite que el Estado ruso asuma temporalmente la administración de empresas, acciones, inmuebles y otros derechos patrimoniales cuando los operadores de infraestructura crítica incumplan las medidas de seguridad o resulten incapaces de proteger sus instalaciones frente a ataques con drones. No autoriza, en sentido estricto, la venta general de los activos. Tampoco nacionaliza formalmente las empresas. En cambio, convierte la insuficiencia defensiva del propietario en condición suficiente para suspender parte de sus poderes.
La noticia, aunque parece jurídica, en realidad es militar. Los ataques ucranianos contra refinerías, instalaciones energéticas y redes logísticas han llevado la guerra a espacios que, en otro momento, podían clasificarse como retaguardia. Esta semana, fuentes industriales citadas por Reuters calcularon que la producción rusa de gasolina había caído a unas 80 mil toneladas diarias frente a una demanda cercana a 115 mil. Moscú extendió además la prohibición de exportar diésel. Aunque las cifras exactas pueden discutirse, el problema político es que el Estado ruso ya no considera suficiente que una instalación estratégica tenga dueño. Ahora, además, exige que tenga capacidad de defensa.
La novedad no consiste en que la guerra permita al Estado intervenir la propiedad privada; la requisición, la ocupación temporal y otras limitaciones patrimoniales forman parte desde hace mucho del repertorio jurídico de los Estados en situaciones excepcionales. El giro del Decreto 604 es que convierte la capacidad del propietario para proteger una infraestructura crítica frente al enemigo en una condición para conservar su administración efectiva. De esta forma, el Estado mantiene la responsabilidad de la defensa nacional, pero exige al particular que sea eficaz defendiéndose; si fracasa, puede asumir sus facultades de administración. El decreto introduce, así, una paradoja política, pues no elimina la propiedad privada, pero obliga al propietario a desempeñar una función de seguridad para poder ejercerla plenamente.
La ironía está en que un dron, un artefacto relativamente barato, puede producir efectos institucionales mucho más costosos que el daño material que causa. No necesita ocupar una refinería ni conquistar una ciudad; es suficiente con demostrar que la distancia entre el frente y la infraestructura estratégica se ha acortado. De este modo, el riesgo debe contabilizarse en depósitos incendiados, barriles que no llegan al mercado y también en las nuevas potestades del Estado.
El decreto también modifica las reglas del mercado ruso, pues añade a la rentabilidad una condición de seguridad; una empresa puede producir y generar ganancias y, aun así, fracasar políticamente si su vulnerabilidad compromete energía o abastecimiento. Existe, además, una asimetría mayor. El poder de decisión sobre la guerra sigue concentrado en el Estado, mientras que la carga de asumir parte de sus consecuencias se ha desplazado hacia los propietarios. Y si el particular no absorbe esa nueva exigencia, el mismo Estado que tomó la decisión estratégica puede retirarle, al menos temporalmente, la administración efectiva de su propiedad.
Durante mucho tiempo, la retaguardia fue el lugar donde la economía sostenía a la guerra sin formar plenamente parte de ella. Hoy, los drones desdibujan esa separación. Una refinería o una subestación eléctrica pueden estar lejos de las trincheras o del frente de batalla y, al mismo tiempo, encontrarse dentro del alcance operativo del enemigo.
El gobierno de Putin está respondiendo con una fórmula jurídicamente ambigua: la propiedad continúa siendo privada mientras el Estado se reserva el derecho de administrar aquello que el propietario no logra proteger. Es una solución temporal, según el texto; pero las instituciones creadas durante las guerras suelen sobrevivir a la urgencia que las justificó.
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