El embajador de EU, Ronald Johson, sostuvo que la corrupción que facilita al crimen organizado será investigada y procesada
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El embajador de EU, Ronald Johson, sostuvo que la corrupción que facilita al crimen organizado será investigada y procesada
“El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, señaló el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, al darse a conocer la denuncia y orden de aprehensión contra el gobernbador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y nueve personas de su círculo cercano en el estado.
Indicó que el Cártel de Sinaloa, con el que se le vincula al morenista es una organización criminal despiadada que ha inundado a esa comunidad con drogas peligrosas durante décadas.
Por su parte, el jefe de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, sostuvo que esta acusación pone al descubierto un esfuerzo deliberado para socavar las instituciones públicas y poner en peligro vidas estadounidenses.
“Los acusados presuntamente utilizaron puestos de confianza para proteger las operaciones del cártel, permitiendo el flujo de drogas letales hacia nuestro país", afirmó.
Asimismo, agregó que el Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro.
“Agradecemos a nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad a diario y nos apoyan para salvaguardar a nuestras comunidades. Juntos, continuaremos ejerciendo una presión constante contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo respaldan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas”, agregó Cole.
De acuerdo con la dependencia estadounidense, el Cártel de Sinaloa, considerado uno de los grupos criminales más poderosos y violentos a nivel global, ha consolidado al estado de Sinaloa como un nodo clave del narcotráfico internacional.
Desde ahí, teje alianzas con redes productores de cocaína en países como Colombia o Venezuela hasta proveedores de insumos químicos en China para abastecer el mercado estadounidense.
La postura de la embajada de Estados Unidos en México también enfatizó que el combate a la corrupción y al crimen transnacional es una prioridad compartida entre ambos países.
En una declaración oficial, la representación diplomática encabezada por el embajador Ronald Johnson confirmó que la Embajada de Estados Unidos en México tomó nota de la presentación de cargos por parte de la Fiscalía Federal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, instancia que habría formulado acusaciones contra Rocha Moya y otros implicados.
Sin detallar los hechos específicos —debido al curso legal del proceso—, la embajada sostuvo que la corrupción que facilita al crimen organizado será investigada y procesada “en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”.
El posicionamiento subraya que México y Estados Unidos mantienen un compromiso conjunto para fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho. En ese sentido, la embajada reiteró que continuará trabajando en estrecha coordinación con autoridades mexicanas para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad y la prosperidad en ambos países.
Asimismo, destacó que la relación bilateral se sustenta en la confianza mutua y la responsabilidad compartida, particularmente frente a fenómenos que cruzan fronteras como el crimen organizado.
De acuerdo con la información referida en la declaración, las acusaciones fueron presentadas por fiscales federales en Nueva York, una jurisdicción que en los últimos años ha llevado casos relevantes contra figuras vinculadas al narcotráfico y redes de corrupción con alcance internacional.
El señalamiento contra Rubén Rocha Moya se enmarca en esta estrategia de persecución extraterritorial que utiliza el sistema judicial estadounidense para procesar delitos que, aunque cometidos fuera de su territorio, tienen impacto en su seguridad nacional o están relacionados con redes criminales transnacionales.
El proceso legal deberá seguir su curso conforme a los mecanismos de cooperación judicial y, en su caso, a los procedimientos de extradición vigentes entre México y Estados Unidos.
Más allá del caso específico, el pronunciamiento de la embajada envía una señal clara: Washington mantendrá su política de cero tolerancia frente a actos de corrupción vinculados al crimen organizado, incluso cuando involucren a actores políticos de alto nivel en otros países.
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