El comunicado destaca la necesidad de garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad, sobre el caso Rocha y coacusados "sin dilación y sin politizar"
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El comunicado destaca la necesidad de garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad, sobre el caso Rocha y coacusados "sin dilación y sin politizar"
Organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos emitieron un posicionamiento conjunto en el que demandan a las autoridades mexicanas investigar y esclarecer, con apego a la legalidad, las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con el crimen organizado.
“Sin justicia no hay paz. Y sin rendición de cuentas, no hay democracia posible”, señala el posicionamiento firmado por colectivos como la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (RECIAS), Coparmex, Iniciativa Sinaloa y cuatro organizaciones locales, además de ciudadanos en lo particular, y surge en medio de un contexto de creciente violencia en la entidad y de señalamientos que han escalado a nivel internacional.
Entre los mencionados en las acusaciones se encuentran además del gobernador, el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el vicefiscal Damaso Castro, entre otros.
Las organizaciones advierten que, más allá de las implicaciones políticas, el caso pone en evidencia “una problemática estructural” en México: la debilidad de los sistemas de control, fiscalización y rendición de cuentas, particularmente a nivel estatal.
Subrayan que la posible colusión entre autoridades y redes criminales no solo compromete la integridad institucional, sino que profundiza la violencia y la impunidad.
En ese sentido, hicieron un llamado urgente para que las investigaciones —tanto en México como en el extranjero— se conduzcan con independencia, imparcialidad y respeto al debido proceso. No obstante, enfatizaron que el Estado mexicano tiene la obligación ineludible de investigar y, en su caso, sancionar cualquier hecho de corrupción o vínculo con el crimen organizado “sin dilaciones ni consideraciones políticas”.
El posicionamiento se da en un escenario particularmente crítico para Sinaloa, donde en el último año y medio se ha registrado un repunte de hechos violentos asociados a disputas entre grupos del crimen organizado. En Culiacán y otros municipios, enfrentamientos armados, desapariciones y homicidios han elevado la percepción de inseguridad entre la población.
Organizaciones civiles han documentado que esta violencia se ve agravada por la debilidad institucional y la presunta infiltración del crimen en estructuras de gobierno, lo que dificulta la acción efectiva de las autoridades. En ese contexto, las acusaciones provenientes de Estados Unidos han intensificado la presión sobre el gobierno estatal y federal para ofrecer respuestas claras.
El comunicado también destaca la necesidad de garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad, mediante procesos transparentes y acceso efectivo a la información pública. Asimismo, plantea fortalecer los mecanismos de control interno, auditoría y fiscalización, así como asegurar la autonomía real de las instancias encargadas de investigar la corrupción.
“Este caso evidencia la urgencia de consolidar un sistema institucional robusto, con contrapesos efectivos y capacidades reales de investigación y sanción”, señala el documento.
Las organizaciones alertaron que la dependencia de investigaciones extranjeras para abordar casos de corrupción de alto nivel refleja limitaciones estructurales del Estado mexicano. Por ello, insistieron en que la justicia no debe depender de jurisdicciones externas, sino de instituciones nacionales sólidas y autónomas.
Finalmente, subrayaron que la reconstrucción de la confianza pública pasa necesariamente por el fortalecimiento del Estado de derecho, el combate frontal a la impunidad y la erradicación de la corrupción, especialmente aquella vinculada al narcotráfico.
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