El sondeo revela que la narrativa anticorrupción enfrenta cuestionamientos internos y la agenda de reformas encuentra límites institucionales
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El sondeo revela que la narrativa anticorrupción enfrenta cuestionamientos internos y la agenda de reformas encuentra límites institucionales
La aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum registró en marzo el nivel más bajo desde que inició su mandato, en un contexto marcado por el repunte de la violencia, crecientes preocupaciones por corrupción y dificultades para avanzar su agenda política en el Congreso.
De acuerdo con la encuesta LatAm Pulse elaborada por AtlasIntel para Bloomberg News, el respaldo a la mandataria cayó a 54%, dos puntos menos que en febrero y nueve por debajo de enero. En contraste, la desaprobación subió a 41%, reflejando un desgaste acelerado en apenas el segundo año de gobierno.
El descenso en la popularidad ocurre pese a un golpe mediático relevante contra el crimen organizado: la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante un operativo federal a finales de febrero. Aunque el 78% de los encuestados respaldó la acción, el efecto político ha sido inverso al esperado.
Casi dos tercios de los mexicanos manifestaron preocupación por la ola de violencia desatada tras el operativo, mientras que la percepción de inseguridad creció 10 puntos en un solo mes, alcanzando al 49% de los encuestados. La evaluación del desempeño presidencial en esta materia permanece dividida: 38% considera que ha hecho un buen trabajo, frente a 32% que lo califica negativamente.
En contraste, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, obtiene una evaluación más favorable, con 45% de opiniones positivas, lo que evidencia una desconexión entre la estrategia operativa y su rentabilidad política para la presidenta.
Más de la mitad de los encuestados identificó la corrupción como su principal preocupación, en un momento en que figuras de Morena han sido señaladas por escándalos recientes. Entre ellos, la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, acusado de extorsión a empresas, así como las denuncias en torno al llamado “huachicol fiscal”.
Aunque el gobierno ha negado irregularidades y asegura combatir estas prácticas, el tema se consolida como uno de los principales factores de desgaste para la administración federal, erosionando el discurso de transformación y combate a viejos vicios.
En el frente económico, casi la mitad de los mexicanos califica la situación actual como mala, en medio de bajo crecimiento e inflación al alza. Sin embargo, existe un margen de expectativa: 40% cree que la economía mejorará en los próximos seis meses, frente a 29% que anticipa un deterioro.
Este contraste refleja una percepción ambivalente: desconfianza en el presente inmediato, pero aún con reservas de esperanza hacia el futuro, un capital político que podría agotarse si no hay resultados tangibles.
A la par del desgaste en opinión pública, Sheinbaum enfrenta obstáculos en su agenda legislativa. El Senado aprobó una versión recortada de su reforma electoral, eliminando la propuesta de incluir una consulta de revocación de mandato junto con las elecciones intermedias y judiciales del próximo año.
La medida, criticada por la oposición como una posible ventaja indebida para Morena, evidenció las resistencias políticas incluso frente a una presidenta que, pese a la caída, sigue siendo una de las figuras mejor evaluadas de América Latina.
La propia encuesta refleja la polarización: 43% respalda la reforma, mientras 42% la rechaza, confirmando que el proyecto no logra construir mayorías claras.
El retroceso en la aprobación de Sheinbaum no ocurre en el vacío. Si bien otros líderes regionales como Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei también han registrado caídas recientes, el caso mexicano revela un problema estructural: la incapacidad de traducir acciones de alto impacto —como la eliminación de un líder criminal— en percepción de seguridad y confianza ciudadana.
A ello se suma un entorno político más complejo, donde la narrativa anticorrupción enfrenta cuestionamientos internos y la agenda de reformas encuentra límites institucionales.
El resultado es un gobierno que, aunque aún conserva niveles de aprobación relativamente altos, comienza a mostrar signos tempranos de desgaste, con riesgos claros de que la erosión se profundice si no logra revertir la percepción de inseguridad y desorden que hoy domina el ánimo social.
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