Tribunal de Disciplina Judicial admite crisis de credibilidad; promete abrir sus expedientes al escrutinio público 

A un año de su creación, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) enfrenta un problema de legitimidad y confianza ciudadana, según admitió su titular Celia Maya. En este escenario de escepticismo sobre el uso del órgano de control, la institución registra ya 79 sanciones ejecutadas a jueces de distrito, magistrados de circuito y personal de juzgados por actuaciones irregulares o conductas indebidas. 

Para intentar atajar la desconfianza hacia el organismo diseñado para vigilar a las personas juzgadoras, la presidencia anunció que comenzará a transparentar y hacer públicas las resoluciones de todos sus procedimientos sancionadores que van de las amonestaciones a las destituciones.

Al rendir su primer informe de labores, Maya reconoció que el reto de mayor complejidad es el de la credibilidad entre la población, la cual no se ha logrado consolidar tras la Reforma Judicial de 2024 y la posterior elección de juzgadores.

Sostuvo que esta falta de legitimidad responde a diversos factores.

“La sociedad mexicana ha mantenido por razones históricamente documentadas una relación de desconfianza con sus instituciones de impartición de justicia, recuperar esa confianza exige abandonar toda forma de opacidad administrativa y asumir el compromiso de operar bajo el principio del escrutinio público”, afirmó.

Ante este diagnóstico, dio a conocer que el tribunal publicará sus resoluciones en versiones públicas, redactadas en lenguaje claro para que cualquier persona pueda comprender las razones por las que se determinaron responsabilidades o por qué se concluyó que no existió falta alguna.

Asimismo, la magistrada presidenta señaló que nueve de cada 10 personas juzgadoras electas por voto popular en 2025 son aptas para el servicio al cumplir con los estándares establecidos. De 851 que fueron evaluadas, 762 obtuvieron resultados satisfactorios (89.54 por ciento) y 89 no aprobaron (10.46 por ciento).

Añadió que el tribunal ha acreditado con hechos que en su actuación no tienen cabida las consignas ni las sanciones espectaculares ni ejemplares, ya que en todos los casos se sigue el camino de la legalidad, a través del respeto a los derechos humanos y el debido proceso.

El TDJ ha impuesto en total 95 sanciones a servidores públicos, mismas que corresponden a destituciones, inhabilitaciones, suspensiones y amonestaciones, informó Rufino León Tovar, magistrado del organismo.

De ellas 79 ya han sido ejecutadas para titulares y personal de los juzgados de distrito y tribunales de circuito; cinco corresponden a destituciones; 29 a inhabilitaciones; 32 a suspensiones; siete amonestaciones públicas y seis amonestaciones privadas.