A propósito del vergonzoso escándalo del proceso de admisión en la UNAM, hay padres de familia que empiezan a preguntar si sigue teniendo sentido mandar a sus hijos a la universidad. La respuesta corta es afirmativa por razones sociales y culturales, porque hay un sentimiento de ascenso si el hijo es el primero en ir a la educación superior, y porque suponen que garantiza una trayectoria profesional y económica exitosa. La respuesta larga y rigurosa es que sí, vale la pena, pero todo depende de la calidad de la institución a la que se va, la carrera que eligió, el talento del estudiante y su desempeño en la escuela.
Y aquí es donde la cenicienta se convierte en lobo.
Dicen que Alfonso Reyes recomendó a Carlos Fuentes que estudiara una carrera -abogado de preferencia-, pues en México carecer de título lo haría ser visto como “una taza sin asa”. Cierta o no la anécdota que se ha contado reiteradamente, refleja el componente aspiracional de ir a la universidad.
Con el tiempo, dentro de esa extraña moda de los “derechos”, se volvió parte de las leyes y del lenguaje con que los políticos seducen a sus votantes. Y en esa línea el gobierno actual quiere crear para 2030 más de un millón de nuevos espacios, o sea, 10 universidades y más de 17 mil estudiantes cada una al año.
Hasta allí, música celestial.
Pero el mundo ideal empieza a toser cuando se topa con el mundo real. Desde la publicación de Returns to education: An International Comparison, de George Psacharopoulos, sabemos que la educación paga, y sobre todo en países menos desarrollados. Otro estudio del Banco Mundial mostró que la tasa de retorno anualizada de la educación superior alcanza 16% en América Latina. Pero nuevos hallazgos indican que empieza a descender. Levy y López Calva encontraron que en 1990 el ingreso real por hora de quien posee título era de 67.53 pesos y 30 años después bajó a 46.43 pesos, y las encuestas Ingreso-Gasto de los Hogares del INEGI de 2016, 2022 y 2024 mostraron una tendencia similar para quienes cuentan con educación profesional y posgrado.
El segundo atorón es que el mercado laboral se ha vuelto mucho más selectivo. El mismo INEGI muestra en sus encuestas trimestrales que 36% de los desocupados -en junio 2025, por ejemplo- tenía educación superior, es decir, unas 600 mil personas en ese momento, lo que equivale a casi tres veces la matrícula total de estudiantes del Poli.
La tercera bronca es una concentración curricular muy saturada en disciplinas que no demandan los empleadores. Hoy en México, 45% (2.4 millones) está en solo 10 carreras, empezando con derecho, que trae unos 387 mil estudiantes. El efecto entonces es que los empleadores dicen padecer “escasez de talento” de entre 63 y 79 por ciento para cubrir vacantes en áreas muy específicas y, además, aun cuando los contraten, una parte arrastra brechas de habilidades y competencias, y hay que reentrenarlos, proveerles de microcredenciales o de plano buscan egresados de programas de ciclo corto.
La conclusión es que el valor agregado de la educación superior ya no es automático para todas las personas ni tampoco para egresados de cualquier carrera, especialidad, universidad o modalidad, ni pasaporte automático para una buena trayectoria. Si algo falla, con todo y papel en la mano, pueden convertirse en los nuevos parias del mundo laboral. Ya está pasando en EU, Australia, Gran Bretaña y otros países.
¿Vale la pena entonces el título? Pues, como dice un vecino escéptico, depende.
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