El 18 de mayo, el gobierno federal publicó el Programa Nacional de Población (PNP) 2026-2030, un documento decisivo que pasó casi inadvertido. Ningún partido fijó postura, ningún secretario explicó la estrategia de su dependencia y los medios dejaron pasar la noticia. Desde la creación del Conapo en 1974, México ha producido planes demográficos técnicamente sólidos que terminan archivados como trámites burocráticos. La gran excepción fue la política de Estado que redujo la fecundidad de seis a dos hijos por mujer entre 1974 y 2000, gracias a metas claras, presupuesto y consenso político. La diferencia con el programa actual es simple: ahora el tiempo se agotó.
Los datos del propio documento son alarmantes. En ocho años, en 2034, por primera vez en la historia de México habrá más adultos mayores que niños. La fecundidad nacional ya está en 1.6 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo de 2.1. En la Ciudad de México, con 0.96, la natalidad ya se parece a la de Corea del Sur. Además, en cinco años, el porcentaje de mujeres sin hijos y sin deseo de tenerlos pasó de 31% a 50%.
Este envejecimiento acelerado nos toma sin preparación. Hoy, 54% de los trabajadores labora en la informalidad y 48% de la población no tiene acceso a seguridad social. A eso se suma una crisis de cuidados: 3.5 millones de mujeres no pueden incorporarse al mercado laboral porque dedican alrededor de 40 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
México vive la fase final del bono demográfico. La oportunidad de aprovechar una población mayoritariamente productiva se cerrará en la próxima década. Pero las políticas necesarias para amortiguar el impacto —educación inicial, formalización laboral y sistemas de retiro— tardan años en madurar. Actuar ahora sigue siendo menos costoso que no hacer nada.
El costo de la inacción será enorme. Hacia 2040, millones de trabajadores informales llegarán a la vejez sin pensión. La pensión para el Bienestar, hoy financiable porque los adultos mayores son 13% de la población, se volverá fiscalmente frágil cuando ese grupo se duplique antes de 2050. El sistema de salud también resentirá la presión de atender más enfermedades crónicas con infraestructura y presupuesto insuficientes.
Aunque el diagnóstico del PNP es correcto, elude dos verdades incómodas pero indispensables. Primero, México necesita crecer a tasas de entre 5% y 6% anual de forma sostenida durante las próximas dos décadas; de lo contrario, no habrá ahorro ni empleos formales. Segundo, urge una reforma profunda de la hacienda pública para financiar el sistema nacional de cuidados y reestructurar la salud. La transición demográfica tiene un costo preciso que la hacienda pública actual no puede cubrir.
La demografía no es un asunto para técnicos ni para el olvido en el Diario Oficial de la Federación. Es el desafío nacional más importante que a todos nos concierne. Treinta y tres dependencias están involucradas en este programa y sus titulares tienen una deuda inmediata: Hacienda debe cuadrar los números de las pensiones futuras; Salud debe preparar las clínicas para el envejecimiento masivo; Educación debe explicar por qué sólo 3.8% de los infantes tiene acceso a educación inicial, y Trabajo debe actuar para sacar de la informalidad a millones y evitar condenarlos a la pobreza en la vejez.
Gobernar con visión de Estado implica saber cuántos somos y qué necesitaremos en 20 años, no en 20 días. Crecer con vigor, reformar el sistema fiscal y construir instituciones sólidas que trasciendan los calendarios electorales no es la agenda de un partido político; es la única garantía de supervivencia social. Esta es la conversación que debe unirnos, y el reloj sigue corriendo en nuestra contra.
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