Las amenazas a Carlos Loret de parte de un hombre del régimen y apologista de El Mencho están en sintonía con el propósito del gobierno de AMLO y Sheinbaum: acabar con el periodismo.
Van ganando, hay que admitirlo.
Los youtubers del gobierno reemplazan a los reporteros.
Dueños de medios de comunicación cambian el periodismo por un ejercicio de propaganda en favor de la presidenta.
Contra los dueños de medios ha habido extorsión para cambiar su línea editorial, quitar a periodistas críticos e incorporar a propagandistas del régimen o llenar espacios con plumas irrelevantes.
Casi todos se han alineado.
Algunos reciben contratos del gobierno por decenas de miles de millones de pesos, lo que sirve de señuelo para los empresarios de medios que aún guardaban las formas y el pudor.
La descomposición de los medios tradicionales se empata muy bien con los propósitos de la dictadura y de su aliado, el crimen.
Aristegui Noticias hizo público un audio que confirma la existencia de crimen organizado en los altos mandos de la Marina Armada de México.
El gobierno guardó silencio y los medios controlados por Ramírez Cuevas o Alfonso Brito hicieron el vacío a la información.
A la dictadura no le gusta el periodismo y mientras logre minimizarlo hasta la marginalidad, se da por satisfecha.
La presidenta no ha considerado necesario contestar a cuánto asciende el monto del mayor saqueo de la historia: el huachicol fiscal.
Carmen Aristegui centró el punto: “No es un favor (el que nos haría la presidenta al informar), es servicio público obligado. Se trata del caso de corrupción más grande de la historia”.
La procuradora fiscal reportó, con cifras preliminares de septiembre, que el robo a la nación ascendía a 600 mil millones de pesos.
¿Por qué no podemos saber de cuánto es el saqueo hasta la fecha?
Julio Scherer, consejero jurídico del entonces presidente López Obrador, afirma en su libro que una parte de ese dinero se canalizaba a pagar campañas políticas de Morena.
¿Nada que investigar porque no hay denuncia?
Ya hay denuncias, pero no podemos esperar nada profundo de ellas porque la Fiscalía General de la República está en manos de una militante de Morena.
Los jueces y ministros de la Corte le deben el cargo al acordeón de Morena.
Y los medios tradicionales, casi todos, renunciaron al periodismo.
Periodistas como Raymundo Riva Palacio han sido objeto de una constante guerra reputacional en redes sociales, con bots, cartonistas, comentaristas y youtuberos gobiernistas que, dice Ramírez Cuevas, él jamás ha manejado.
Riva Palacio publicó información contenida en documentos internos de la Secretaría de Marina que dan cuenta de una parte de la red de complicidades criminales en los puertos de Altamira, Guaymas, Manzanillo, Dos Bocas, Ensenada, Lázaro Cárdenas y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Señala Riva Palacio, con la información de Marina, que “el capitán de corbeta, Miguel Solano, que era el responsable de recolectar lo recaudado en las aduanas, concentrarlo en la Ciudad de México, desde donde se dispersaban los recursos a todos los mandos en la red, y el capitán de fragata Clímaco Aldape Utrera, que era quien hacía todos los trámites legales o ilegales de los sobrinos (del secretario de Marina de AMLO) para evitar que negociaran directamente con los representantes del crimen organizado”.
México está en manos de una mafia terrible.
A nada de eso responde el gobierno.
Para los medios hay la instrucción de acallar lo dicho y firmado en un libro por Julio Scherer Ibarra, el Consejero Jurídico del presidente López Obrador.
Ahí se exponen el saqueo, la connivencia con el crimen organizado, el uso de dinero del huachicol para financiar a Morena, los asesinatos de quienes sabían demasiado.
Los medios tradicionales se cuadran con la estrategia de silencio impuesta por la dupla Ramírez Cuevas-Brito.
Hasta en los medios más destacados se alienta a la censura.
El sábado en Reforma. la promotora de Morena Vanessa Romero se refirió a la solicitud de concurso mercantil planteada por Azteca, y pide aprovechar la circunstancia para censurar al medio y ponerlo en la sintonía del gobierno.
Tiene todo el derecho a criticar, denostar y hacer pedazos la solicitud de concurso mercantil, la forma de dirigir la empresa o las posiciones políticas del dueño, Ricardo Salinas.
Pero afirma que “un plan serio para los acreedores (de Azteca) exigirá, entre otras cosas, comportarse como un medio de comunicación responsable y no como un artefacto de vil golpeteo”.
Es un llamado a apretar por el flanco económico a un medio de comunicación para alinearlo al club de los aplaudidores. Don Pancho Galindo estaría orgulloso de Vanessa Romero.
La mancuerna crimen y gobierno contra el periodismo funciona. Y para desgracia de México, van ganando.
