Miren a quiénes tiene el gobierno de Estados Unidos como informantes colaboradores en sus indagatorias contra políticos socios o protectores de los cárteles.
En esa calidad están los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, informó ayer el diario Los Angeles Times.
A reserva que los hechos confirmen o desmientan lo publicado, es preciso recordar que es el mismo que obtuvo la primicia de la investigación criminal contra Rubén Rocha Moya y su banda en Sinaloa.
Lo novedoso no está en sus implicaciones con el crimen organizado, pues eso ya lo escribió el consejero jurídico de la Presidencia con Andrés Manuel López Obrador.
En cualquier juicio sobre el sexenio anterior la palabra de Julio Scherer es una información de primera mano, por su jerarquía en el gobierno apuntado como socio y protector de grupos criminales.
Lo nuevo es que Durazo y Villarreal colaboran con la justicia de Estados Unidos ahora que la administración Trump enfrenta a los cárteles como una amenaza a la seguridad nacional de su país.
El lunes, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo algo de mucho peso, que pasó a segundo término porque la mayoría de los medios prefirió el ángulo de los drones de narcos mexicanos que podrían atacar intereses de Estados Unidos.
Rubio dijo que, en la lucha contra los cárteles, Estados Unidos sólo reconoce países amigos y países enemigos.
Pregunto: luego del discurso de la presidenta el domingo y la defensa de Rocha Moya y su banda, ¿de qué lado se puso nuestro país en la línea trazada por el secretario de Estado?
Como han anunciado autoridades estadounidenses y confirmó el domingo la presidenta Sheinbaum, el Departamento de Justicia vendrá por otros.
Durazo y Villarreal, de acuerdo con la información de Los Angeles Times, ya están colaborando sin dejar sus cargos y sin salir de México.
Se le vino el mundo encima a Morena. Y se lo ganaron.
Como vía de acceso al poder, pactaron con grupos criminales que dieron financiamiento y apoyo coercitivo para hacer ganar a los candidatos del obradorismo.
A ver, pregunta dirigida a gobernadores y líderes del movimiento fundado por López Obrador: ¿creyeron que podían pactar, proteger y asociarse con los cárteles de las drogas y del contrabando de combustibles, sin consecuencias?
Otra pregunta, dirigida a morenistas de convicción, que los hay: ¿de veras pensaron que el largo historial de traiciones de Alfonso Durazo se detendría al entrar en la casa de Morena?
“¿Qué intención de quitar la visa y además hacerlo público?”, preguntó ayer la presidenta Sheinbaum sobre el caso.
La pregunta correcta, si se tiene intenciones de saber, no es “con qué intención”, sino ¿por qué les quitan las visas?
Alfonso Durazo fue el secretario de Seguridad Pública federal en el sexenio de “los abrazos” con los cárteles.
Durazo ordenó la liberación de Ovidio Guzmán.
Con Durazo al frente de la seguridad en el país vino el auge de la exportación de fentanilo a Estados Unidos.
Renacieron cárteles que habían sido prácticamente liquidados en los sexenios anteriores.
Cierto, Durazo tenía un jefe, podría alegar ante la fiscalía estadounidense. O lo habrá dicho ya en la condición de informante que le atribuye el prestigioso diario californiano.
Lo que será más difícil explicar es por qué le compró una finca en Bahía de Kino al hijo de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos.
Y otras explicaciones que son de interés para las autoridades del país vecino, y deberían serlo para el gobierno mexicano.
El huachicol fiscal que entra por Guaymas, por ejemplo. Y las relaciones con el almirantazgo involucrado en negocios criminales.
¿Cuál es la intención de investigar y dejar sin visa al gobernador de Tamaulipas?
La intención es hipotética. Lo real es el porqué.
Villarreal, como lo sabe la fiscalía de México, es señalado por diversas fuentes de aliarse a los capos del huachicol fiscal, que ingresan millones de litros de combustible de contrabando por los puertos y fronteras de Tamaulipas.
El ex consejero jurídico del entonces presidente López Obrador señala, en ese libro clave y muy oportuno que escribió con el periodista Jorge Fernández, a Américo Villarreal como el canal para financiar campañas de Morena, en el norte del país, con dinero producto del huachicol.
Síntesis: lo que vemos hoy es la ruptura de los pactos de Morena con grupos criminales, forzada por la presión de Estados Unidos.
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