Amanecimos ayer con la noticia de que el gobierno mexicano había analizado la posibilidad de posponer durante un año más la elección de personas juzgadoras en el país; horas después, en la conferencia presidencial de cada mañana, anunciaron que la elección no se pospondrá pero que se harán algunas adecuaciones particularmente en la preselección de candidatos para que los tres Poderes de la Unión seleccionen mejor a sus candidatos.
Hay que recordar que, a nivel federal, el sistema de elección vigente establece que la Suprema Corte de Justicia, el Congreso de la Unión, y la presidenta deben crear comités de evaluación para que realicen las propuestas de las personas que, después de pasar por un proceso público de insaculación, serán candidatos a cada uno de los cargos de jueces y magistrados que estarán vacantes.
No sabemos todavía cuales son las “adecuaciones” pretendidas para la siguiente elección. Ojalá estén considerando algún tipo de criterio un poco más objetivo para determinar la idoneidad de los perfiles en relación con su experiencia, formación y conocimientos.
Quizá el mejor indicador del resultado del nuevo modelo mexicano de selección de personas juzgadoras, por lo menos en el ámbito federal, puede ser la publicación del resultado de los 840 exámenes que el Tribunal de Disciplina Judicial realizó a quienes asumieron los cargos por ganar la elección de 2025. No habría razón alguna para mantenerlos en secreto. Por supuesto que era mejor la propuesta de posponer la elección para el año 2028 y no hacer ajustes menores a un mecanismo que le sobran deficiencias, sobre todo ahora que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a México un informe al respecto para pronunciarse si el proceso de referencia tanto en su diseño como en su aplicación es, o no, acorde con las reglas internacionales relacionadas con la independencia y autonomía judicial.
Recomendar Nota
