Estuvo mocha, es confusa en su propósito de austeridad y lo más grave, atenta contra el federalismo, despojando a los estados de la facultad de definir la organización de sus instituciones en forma libre y soberana. Esta es la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, presentada públicamente con el poco original nombre de “plan B”.
El “duende machista” (Kenia López dixit) quitó la frase que garantizaba la paridad de género en la integración de los ayuntamientos. El reclamo de quienes vivimos la lucha para introducirlo en la Constitución fue inmediato. Pero nada hay que no pueda enmendar una “fe de erratas” para ocultar el descuido imperdonable en la redacción. “Moche” interesado en un tiempo de retrocesos.
Los estados de la Federación ya no podrán definir libremente el tamaño de los ayuntamientos. Ahora tendrán un mínimo de regidurías (7) y estarán topados con un máximo (15). La razón -o el pretexto- es la austeridad, gastar menos en lo que consideran superfluo, innecesario. Las cuentas no dan. Resulta que en 2,478 municipios, incluyendo las 16 demarcaciones de la CDMX, solo 56 tienen más de 15 integrantes de su cuerpo edilicio. Y, curiosamente, casi todos se localizan en entidades fronterizas. Extensiones territoriales enormes de Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora y Tamaulipas, tienen casi dos tercios del total de los excedidos en número, de acuerdo con la iniciativa presidencial. La magra cosecha se limita a la eliminación de 191 cargos de regidurías en todo el país. A cambio, existe un número importante de municipios con menos de siete integrantes. Claro que el 5º transitorio de la iniciativa se cura en salud para “congelar” la situación y evitar presiones y tentaciones de aumentar. No sea que “el tiro salga por la culata” presupuestal. A cambio, cercena la facultad de los Congresos estatales de definir el tamaño de sus cabildos, dejando cualquier modificación a una mayoría calificada.
El pretexto de la austeridad toca fondo en la iniciativa de topar en 0.7% el monto de los presupuestos estatales dirigidos a los Congresos locales. Sí, esos mismos que tendrán que aprobar la reforma como parte del constituyente permanente. Resulta que solo 12 Congresos exceden actualmente 0.7%, cifra extraña, salida del sombrero del desconocido mago redactor de la propuesta presidencial. El estado más excedido es Morelos, 1.6% de su presupuesto. Le siguen Tlaxcala (1.4%), Nayarit (1.18). En dinero, los más grandotes arriba de 0.7% son Michoacán y Baja California. Guerrero va ligeramente atrás, hasta llegar a Durango, que se excede por muy poquito (0.78%). Dice la exposición de motivos de la iniciativa que va a haber ahorro, alrededor de 2 mil 400 millones de pesos. Pero lo que no dice es que, si el techo se transforma en piso, ese 0.7% representaría este año más de 4 mil millones de pesos extra, dirigidos al incremento de los presupuestos de los Congresos de los estados más grandes: México (888.9 millones); CDMX, Veracruz, Chiapas, Puebla. Hasta el aborrecido Congreso de Nuevo León registraría un incremento de 725 millones de pesos, el mayor después del Edomex. Hago la aclaración que, en este caso, no hay transitorio que “congele” los porcentajes.
En conclusión, los estados y los municipios no van a recibir más dinero del supuesto ahorro prometido en la iniciativa presidencial. Por el contrario, podrán gastar más, si es que todavía conservan las entidades federativas la facultad esencial de aprobar sus propios presupuestos. Si Morena obedeciera las sugerencias presidenciales, bastaba con la instrucción para que, en 2027, los 24 Congresos que dominan simplemente redujeran los recursos asignados a sí mismos. También es válido para el Senado de la República. La mayoría morenista junto con sus aliados del Verde y del PT podrían votar una iniciativa de presupuesto muy austera para 2027, quitándose dinero en la cantidad que quiera la presidenta Sheinbaum. En la Cámara de Diputados, sus compañeros de partido la recibirían con gozo, y ya no tendrían que aplicar los molestos recortes como ha sucedido en los últimos años. Como políticamente es poco adecuada la autorregulación, mejor hay que echarle la culpa a la Constitución. Así nadie podrá hablar de más.
¿Convencerán a los Congresos de los estados de ponerse ellos solos la soga al cuello y tirar de ella? ¿Será de ese tamaño la disciplina partidista? Y eso que no abordamos las otras partes: campaña para una revocación que quiere volverse refrendo, y dejar al INE en los puros huesos.
