No iba a pasar mucho tiempo para que las conductas violentas de los adolescentes en escuelas en Estados Unidos se replicaran en nuestro país, en mucho debido a la cobertura mediática y en redes de estas.
Apenas hoy en recibimos la noticia de que un alumno de preparatoria privada en Lazaro Cárdenas, Michoacán, disparó y mató a dos maestras de dicha institución.
Desde hace años y, hasta la fecha, en el país vecino existe un debate permanente sobre el derecho constitucional a poseer armas y su relación con el uso de estas por parte de menores de edad.
En México, el derecho constitucional a poseer armas no es reconocido y, por ende, tan solo la posesión de un arma sin permiso para ello es penalmente sancionada.
Pero a diferencia de otros países, incluido Estados Unidos, en México el homicidio causado por un menor de 18 años no puede tener como consecuencia un encarcelamiento (internamiento) mayor a 5 años.
No es casualidad que las organizaciones criminales utilicen adolescentes para ejecutar la mayor parte de sus actos delictivos, pues la ley diseñada para aplicar la justicia a personas de entre 14 y 18 años resultó ser extremadamente benevolente, sobre todo cuando muchos estudios han señalado que probablemente a partir de los 14 años y, seguramente a los 16, las personas tienen la capacidad plena de entender y comprender el alcance de sus conductas.
Pretender tutelar (consentir) a personas que, mediante violencia y con intención, privan de la vida a otras, por la razón que sea, parte de una premisa que resulta equivocada. No existe demostración científica que la mentalidad de un asesino pueda ser transformada con técnicas pedagógicas parecidas a las escolares.
¿Qué mensaje enviamos cuando permitimos que un asesino regrese a las calles con 21 años de edad?
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