De acuerdo con Napoleón Bonaparte, “para hacer la guerra hacen falta tres cosas: dinero, dinero y más dinero”. El financiamiento de la guerra implica la distracción de recursos para otros fines, tal como se recoge en el “dilema de las espadas y los arados”, inspirado en el pasaje bíblico de Isaías 2:4 que habla de las ganancias del paso de la guerra a la paz. Recientemente el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, criticó al gobierno iraní por destinar enormes cantidades de recursos para financiar sus arsenales de cohetes y drones, en lugar de invertirlos en su gente.
Al mismo tiempo, Estados Unidos está gastando más de mil millones de dólares al día en la guerra contra Irán, lo que pone en evidencia que su crítica a sus enemigos le aplica igual a su país o a cualquier otro con gastos militares relativamente importantes. El dinero destinado a cohetes, drones, tanques, barcos de guerra y aviones ya no se puede usar para mayor salud, prevención de adicciones, educación, agua potable, presas, remediación al cambio climático, trenes y carreteras.
Dado lo anterior podría pensarse que el gasto militar no suma al PIB, pero no es así. Esto se debe a que las cuentas nacionales consideran al gobierno como un productor de “servicios no de mercado” cuyo valor se calcula sumando sus costos de producción. Esto significa que cada peso que el Estado gasta en sueldos de soldados, mantenimiento de bases o adquisición de municiones aumenta el valor del servicio de defensa producido. Este valor total se registra finalmente en el PIB como gasto del gobierno.
El dilema de las espadas y los arados se ha reflejado de distintas maneras en la medición del PIB, conforme han evolucionado los lineamientos que emite la ONU para la compilación de las cuentas nacionales. Para la versión de 1968 de estos lineamientos, “SCN1968”, las armas destructivas (misiles, cohetes, bombas) y el equipo diseñado específicamente para dispararlas (buques de guerra, submarinos, aviones de caza y tanques) se consideraban consumo intermedio. La lógica era que su función es la destrucción y no la producción continua durante varios años. Estos bienes suman al PIB de forma indirecta, al ser un insumo necesario para producir el servicio final de defensa. Por su parte, las infraestructuras militares no se consideraban como inversión.
En el SCN1993 la infraestructura militar pasó a ser contabilizada como inversión al considerar el uso mixto de la mayoría de las estructuras utilizadas por los establecimientos militares —tales como aeropuertos, puertos, carreteras, puentes y hospitales— ya que no solo se emplean de forma continua en la producción del servicio de defensa, sino que se pueden usar de manera idéntica a como los productores civiles utilizan construcciones análogas.
En el SCN2008 dejó de considerarse a los sistemas de armas como un gasto que no producía nada (ya que se destruían y consumían al usarse) y se les ve como fuente de servicios de defensa y disuasión de forma continua durante más de un año, por lo que tanques, cohetes, drones bomba, aviones, barcos de guerra y similares se entienden ahora como inversión, por lo que sumarían a escuelas y hospitales.
Todo esto viene a reavivar el debate sobre la medida en la que el PIB es una fuente adecuada de medición del bienestar y el progreso de las sociedades. Casos extremos como Corea del Norte, donde pueden escasear los alimentos y no los tanques ni los misiles, contrastan con los de naciones pacifistas como Costa Rica, que no tiene ejército y, sin ser muy rico, le alcanza para ser el cuarto país más feliz del mundo.
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