En las entregas anteriores examiné algunas ideas sobre el liberalismo y la democracia. Hoy, exploro dos valores centrales de la construcción democrática: pluralismo y tolerancia. Ambos son sus pilares centrales, pero suelen ser dinamitados por una comprensión superficial, distorsionada o simplemente antagónica.
Conviene partir de una distinción central. Pluralismo no es lo mismo que relativismo. Lo que el pluralismo afirma es algo distinto: que la diversidad de proyectos de vida, creencias, intereses e ideologías es inevitable -y deseable- en las sociedades modernas. Como han señalado Luis Salazar y José Woldenberg, la fórmula democrática no aspira a la homogeneización ni a la unanimidad, porque la diversidad de intereses y marcos ideológicos hace indeseable e imposible -salvo por la fuerza- el alineamiento homogéneo de una sociedad. El pluralismo enriquece. La uniformidad aplana y empobrece.
De ahí se deriva la tolerancia. Pero aquí también conviene detenerse, porque se trata de un valor escurridizo que puede entenderse de maneras distintas. La formulación clásica, que encontramos en John Locke, parte de un reconocimiento político elemental: en toda colectividad humana la variedad de opiniones y la diversidad de intereses son inevitables. La tolerancia no nace de la indiferencia, sino de la conciencia de que la coerción sobre la conciencia es ilegítima.
Aquí vale la pena retomar la crítica que Herbert Marcuse formuló en su ensayo sobre la tolerancia represiva (1965). El filósofo alemán advirtió que existe un modo de practicar la tolerancia que, lejos de ser emancipador, sirve para consolidar el orden existente: cuando se tolera todo por igual —lo verdadero y lo falso, lo justo y lo injusto— sin discriminación ni criterio. En esa hipótesis, la tolerancia deja de ser una práctica liberadora y se convierte en lo que él llamó tolerancia abstracta. Una neutralidad que, al abstenerse de tomar partido, protege en los hechos la maquinaria de discriminación.
Un argumento parecido lo formuló Karl Popper en la llamada paradoja de la tolerancia (1945) que, en muy apretada síntesis, sostiene que, si una sociedad es ilimitadamente tolerante, su capacidad de serlo será finalmente destruida por los intolerantes. Una sociedad que no está dispuesta a defender la tolerancia frente a quienes la niegan, terminará por perderla. De ahí que la tolerancia ilimitada contenga en sí misma la semilla de su propia destrucción. Popper no propone suprimir de todo discurso intolerante —prefiere combatirlo con argumentos—, pero afirma que cuando ese discurso renuncia a la razón y apela directamente a la violencia o a la supresión del adversario, la sociedad tiene el derecho y el deber de no tolerarlo.
La respuesta a ese riesgo no es renunciar a la tolerancia, sino entenderla con más precisión. Ser tolerante no exige suspender el juicio ni abandonar las convicciones propias. Exige reconocer que el otro tiene el mismo derecho a existir, organizarse y competir en el espacio público. Puedo creer firmemente que una política es equivocada y, al mismo tiempo, aceptar que quien la defiende tiene derecho a defenderla.
En el debate público mexicano la tolerancia suele ser invocada por dos grupos que la entienden de manera igualmente incorrecta. Unos, la reducen a neutralidad obligatoria: quienes tienen convicciones firmes serían, por ello mismo, intolerantes. Otros, la descalifican como complicidad con el adversario. Ambas posiciones yerran. La verdadera prueba de tolerancia está en reconocer a quienes piensan diferente, pero no por ello se convierten en enemigos.
Cuando hoy se construye al adversario político como enemigo irreconciliable —alguien que no sólo está equivocado, sino que encarna una amenaza existencial—, se erosiona uno de los pilares más frágiles y más necesarios de la convivencia democrática.
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