La tarde avanzaba como cualquier otra en la autopista México-Tuxpan. Dos médicas viajaban en una camioneta. No huían, no participaban en ningún delito, no formaban parte de ningún operativo. Iban en tránsito, como miles de personas que cruzan una carretera confiando en algo elemental: que la violencia ocurre lejos, que la autoridad está para contenerla y que, incluso en medio del caos, hay una línea que protege a los inocentes.
Pero esa línea se rompió.
El 21 de abril comenzaron a conocerse los reportes: una persecución iniciada tras el robo de un vehículo en Tihuatlán se extendió hasta la caseta de Tuxpan. En medio del operativo, la doctora Bertha Mora, médica del IMSS de 38 años, fue alcanzada por disparos y perdió la vida; otra mujer que viajaba con ella resultó herida. La propia Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó que sus integrantes y sus armas quedaron a disposición de la autoridad competente, mientras que versiones de familiares y reportes locales apuntan a una posible confusión del vehículo.
Y ahí está el punto crítico.
No solo en la balacera. No únicamente en la muerte de una mujer inocente. Sino en la posibilidad de que el Estado, en el momento exacto en que debía distinguir, no lo haya hecho. Porque en seguridad pública el problema más delicado no es solo la violencia criminal, sino la incapacidad institucional para intervenir sin equivocarse de objetivo.
Conviene decirlo con claridad, incluso para evitar lecturas simplistas: no conozco policía que quiera irse a la cárcel por dispararle a la persona equivocada. No es una intención deliberada. Es, en la mayoría de los casos, el resultado de una cadena de errores que se acumulan en segundos y que terminan en una decisión irreversible.
Pero que no sea intencional no lo hace menos grave. Al contrario: lo vuelve más preocupante.
Porque cuando un error así ocurre, lo que está en juego no es solo la actuación de un policía, sino las condiciones que hicieron posible que ese error sucediera. Y esas condiciones son estructurales.
Empiezan en la falta de identificación plena del objetivo. Continúan en la presión operativa por no dejar ir. Se agravan con la ausencia de un mando que controle en tiempo real lo que ocurre en la persecución. Y se consolidan en una formación que no siempre prepara para tomar decisiones correctas bajo presión extrema. En esos segundos críticos, el policía no solo actúa con lo que sabe, sino con lo que ha practicado y con lo que su institución le ha enseñado a priorizar.
Ahí es donde el caso deja de ser un hecho aislado y se convierte en un síntoma.
Porque mientras las instituciones no sean capaces de garantizar decisiones correctas en el punto más crítico —cuando hay confusión, velocidad y armas de por medio—, estos hechos van a seguir ocurriendo. No por mala fe, sino por diseño. Por cómo están organizadas, entrenadas y evaluadas.
Existe además una distorsión que agrava el problema: la idea de que detener a toda costa es el objetivo. Y no lo es. La seguridad pública no se mide por alcanzar, sino por intervenir sin poner en riesgo a quien no tiene nada que ver. Cuando esa lógica se impone, la persecución deja de ser una herramienta de protección y se convierte en un escenario de riesgo para la propia ciudadanía.
El impacto de lo ocurrido en Veracruz no termina en ese momento. Se extiende en múltiples dimensiones: una familia que pierde a una mujer en circunstancias que nunca debieron ocurrir, una institución cuya actuación queda bajo cuestionamiento y una ciudadanía que vuelve a hacerse una pregunta incómoda pero inevitable: ¿qué tan protegida está, cuando quien debe proteger también puede equivocarse de esta manera?
Por eso la discusión no puede agotarse en la investigación, aunque sea indispensable. Tampoco en la sanción, aunque sea necesaria. El verdadero reto está en corregir el problema de fondo: construir instituciones que no solo reaccionen rápido, sino que puedan sostener decisiones correctas bajo presión.
Porque si eso no cambia, esto no se va a detener.
Y esa es la parte más dura de asumir: que no estamos frente a una excepción, sino frente a una advertencia.
En seguridad pública, la rapidez es necesaria, pero solo es legítima cuando está acompañada de certeza. De lo contrario, la línea entre actuar y equivocarse deja de ser un margen operativo y se convierte en una tragedia.
Y cuando eso ocurre, el costo siempre es el mismo: una vida que no debía perderse.
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