El pasado jueves, el embajador Ronald Johnson participó en la colocación de la primera piedra de Pacífico Mexinol, una planta de metanol de 3 mil 300 millones de dólares en Sinaloa. Desde ahí, aprovechó para enviar un mensaje al gobierno mexicano: las inversiones necesitan certeza jurídica, seguridad y un entorno libre de corrupción. La presidenta Sheinbaum respondió que eso aplica para ambos países. Tiene razón, pero eso sólo confirma la falta.
Si bien Johnson habló en nombre de los inversionistas estadounidenses, las condiciones que describió son el piso mínimo que necesita cualquier capital, sin importar su origen ni su tamaño. Una constructora que espera la formalización de un contrato público, una familia que acaba de usar sus ahorros para abrir una tortillería o un fabricante de autopartes que está valorando ampliar su planta: cuando las reglas pueden cambiar de un momento a otro, los contratos no son garantía suficiente y la operación tiene costos extraoficiales, los capitales tienen razones para no quedarse.
Más allá de las presiones diplomáticas, lo que dijo el embajador es una descripción de la realidad. La inversión fija bruta lleva 17 meses consecutivos de caídas (INEGI). La inversión física del gobierno federal cayó 44.9% en el primer bimestre, la mayor contracción desde 1991. En el cuarto trimestre de 2025 se registró la primera desinversión extranjera directa neta desde que se tiene registro, en un país donde las extorsiones han crecido 70% en la última década, de acuerdo con la Coparmex.
El año pasado, México exportó 664 mil 837 millones de dólares: un máximo histórico. En el mismo periodo, la inversión extranjera en manufactura cayó 25% (SE). Exportar desde México es rentable, pero invertir para producir más aquí es una decisión distinta, con un elemento adicional de riesgo que cada vez menos están dispuestos a asumir. Esa brecha explica por qué el nearshoring –la gran promesa de la integración regional– no termina de materializarse.
El Plan México y las iniciativas de inversión público-privada tampoco escapan al diagnóstico. Según estimaciones de la economista Gabriela Siller, si la proporción de nueva IED regresara a los niveles de 2021, el PIB podría crecer 1.5 puntos porcentuales adicionales cada año. Nuestro país tiene oportunidades reales, lo que no tiene son las condiciones para aprovecharlas.
El embajador Johnson puso en palabras incómodas lo que las cifras muestran desde hace meses. Cualquier inversión, nacional o internacional, necesita certidumbre, legalidad y seguridad. El gobierno mexicano también lo sabe, la pregunta es cuándo empezará a actuar en consecuencia.
Recomendar Nota
